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París, Francia.— Francia intenta recuperar la calma tras una jornada de protestas que derivó en saqueos, incendios y enfrentamientos con la Policía en varias ciudades, mientras el Gobierno prepara nuevas medidas de seguridad ante el temor de que la violencia se repita. El presidente Emmanuel Macron rechazó la dimisión del ministro del Interior, Laurent Nuñez, y pidió revisar la respuesta de las autoridades, en medio de críticas por la falta de previsión policial y de reclamos sociales relacionados con el costo de la vida y el deterioro de los servicios públicos.

Macron rechaza la dimisión del ministro del Interior
La crisis de seguridad llevó a Nuñez a presentar su dimisión, pero Macron decidió mantenerlo en el cargo y le encargó revisar los fallos en la respuesta de las fuerzas del orden y garantizar que los responsables de los actos violentos sean llevados ante la justicia.
El ministro reconoció que la Policía perdió el control en algunas ciudades y admitió que hubo problemas para anticipar la magnitud de los disturbios y desplegar suficientes efectivos.
La actuación de las autoridades quedó bajo escrutinio después de que numerosos comercios fueran saqueados y edificios públicos resultaran dañados o incendiados. La presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet, también pidió investigar lo ocurrido.
Más de medio millón de personas participaron en las protestas
Las movilizaciones del sábado reunieron a unas 550,000 personas, según cifras oficiales citadas por medios internacionales, aunque los organizadores elevaron la participación estimada a 800,000.
La mayoría de los manifestantes se movilizó pacíficamente contra el aumento del costo de la vida y las dificultades que atraviesan los servicios públicos, especialmente el sistema educativo. Sin embargo, grupos de personas encapuchadas protagonizaron actos de vandalismo, incendios y saqueos en distintas localidades.
Los reportes difundidos el fin de semana señalaron que alrededor de 1,500 comercios fueron afectados. Las autoridades también informaron de numerosos arrestos y de centenares de agentes heridos, mientras las imágenes de edificios públicos y vehículos incendiados aumentaron la preocupación ciudadana.
Gobierno prepara restricciones ante nuevas manifestaciones
El primer ministro Sébastien Lecornu pidió a las autoridades locales evaluar medidas de seguridad, incluidos toques de queda parciales y localizados para proteger comercios y edificios.
La decisión responde al temor de que se produzcan nuevos episodios de violencia durante las próximas movilizaciones. Distintos sindicatos y sectores vinculados al movimiento de los llamados chalecos amarillos han anunciado nuevas protestas para el 5 de noviembre.
El Gobierno busca evitar que los actos violentos se repitan sin impedir las manifestaciones pacíficas. La respuesta policial, la protección de los establecimientos comerciales y la compensación a los negocios afectados figuran entre los principales asuntos pendientes.
La crisis social agrava la tensión política
Los disturbios se producen en un contexto de malestar por el costo de la vida, las condiciones de la educación y el deterioro percibido de los servicios públicos. La secretaria general de la Confederación General del Trabajo (CGT), Sophie Binet, acusó al Gobierno de no atender suficientemente esas preocupaciones.
Macron responsabilizó a grupos radicales y delincuentes por la violencia, mientras dirigentes de la oposición cuestionaron la gestión gubernamental y utilizaron los acontecimientos para reforzar sus críticas políticas.
La confrontación ocurre, además, en un escenario de fuerte división parlamentaria y presión sobre las finanzas públicas. Con las elecciones presidenciales previstas para 2027, la inseguridad y el descontento social se han convertido en temas centrales del debate político francés.
Las preguntas que siguen sin respuesta
Pese a los anuncios oficiales, persisten interrogantes sobre cómo se garantizará la seguridad durante las próximas protestas, qué medidas se aplicarán contra los responsables de los saqueos y cómo se ayudará a los comerciantes que perdieron sus negocios o sufrieron daños.
También continúa pendiente el diálogo con estudiantes, docentes y sindicatos sobre las demandas que impulsaron las primeras movilizaciones.
El desafío para las autoridades será restablecer el orden y proteger a la población sin ignorar los reclamos sociales que alimentan las protestas. La evolución de las próximas semanas permitirá medir si las medidas anunciadas consiguen contener la violencia o si Francia afronta una nueva escalada de tensión.