314 personas buscadas por la justicia se entregaron voluntariamente entre agosto y octubre
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SANTO DOMINGO.– Un total de 314 personas requeridas por la justicia se entregaron voluntariamente a las autoridades entre el 17 de agosto y el 16 de octubre de 2026, según informó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, durante la reunión semanal de la Fuerza de Tarea Conjunta, encabezada por el presidente Luis Abinader.
De acuerdo con el balance presentado, 76 de las personas entregadas eran buscadas por robo y asalto, 71 por homicidio y 49 por tráfico de drogas. Los demás casos estaban vinculados con agresiones y violencia, vehículos robados, delitos sexuales y otras infracciones.
Las estadísticas reflejan que 31 personas se entregaron entre el 17 y el 31 de agosto, mientras que en septiembre se registraron 122 entregas. Entre el 1 y el 16 de octubre, la cifra ascendió a 161 personas.
Durante su intervención, Raful también se refirió a los avances en la transformación de la Policía Nacional, la expansión del nuevo modelo de patrullaje y la incorporación de herramientas tecnológicas destinadas a mejorar la capacidad de respuesta de las instituciones responsables de la seguridad ciudadana.
La funcionaria destacó que la seguridad ciudadana requiere la participación coordinada de todos los organismos que integran el sistema, bajo la rectoría del Ministerio de Interior y Policía.
En ese sentido, señaló la importancia de evaluar los indicadores, supervisar los procesos y coordinar las acciones institucionales, en lugar de concentrar toda la responsabilidad en la Policía Nacional.
“No delegando solamente en la Policía Nacional, sino en todas las instituciones que pertenecen a este sistema que por primera vez trabaja de manera conjunta y que esta Fuerza de Tarea es la mejor evidencia de esto”, expresó Raful.
La presentación de las cifras formó parte del balance de seguridad ciudadana de la Fuerza de Tarea Conjunta, un espacio de coordinación en el que las instituciones revisan los indicadores delictivos y articulan medidas para fortalecer la respuesta del Estado frente a la criminalidad.
