CIDH denuncia graves violaciones de derechos humanos y uso de terrorismo de Estado por parte del régimen de Maduro

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Washington.– La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó su informe anual en el que dedica un extenso capítulo a la situación de derechos humanos en Venezuela, detallando con contundencia las prácticas sistemáticas de represión y persecución política ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro. En un documento de 1208 páginas, la CIDH expone cómo el gobierno venezolano ha empleado el terrorismo de Estado para consolidarse ilegítimamente en el poder y silenciar toda forma de disidencia.

Según el informe, la represión ha incluido ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, cancelación de documentos de identidad, y censura a los medios de comunicación. También se detalla la utilización de los cuerpos de seguridad y grupos armados irregulares para reprimir manifestaciones y sembrar miedo entre la población.

El documento subraya que, antes, durante y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el régimen ejecutó una estrategia represiva en tres etapas, dirigida a obstaculizar la participación de la oposición y perpetuar el control absoluto del aparato estatal. La CIDH señala como principales responsables a organismos como el SEBIN, la DGCIM, la Policía Nacional Bolivariana y sus unidades tácticas, así como a colectivos armados afines al oficialismo.

El informe también denuncia una campaña sistemática de persecución contra líderes opositores, en particular contra el equipo de campaña de María Corina Machado y del candidato presidencial Edmundo González Urrutia. Además, se documentan al menos 300 protestas espontáneas en rechazo al fraude electoral, respondidas con violencia letal por parte del Estado y grupos paramilitares, resultando en múltiples muertes por armas de fuego.

En el ámbito comunicacional, la CIDH advierte sobre el uso del sistema judicial como herramienta para silenciar periodistas, mediante detenciones arbitrarias, procesos penales sin garantías y medidas de censura directa, incluyendo la expulsión y bloqueo de corresponsales internacionales.

La situación carcelaria también recibe atención, destacándose la existencia de dos sistemas penitenciarios paralelos, hacinamiento extremo, falta de estadísticas oficiales, y condiciones de detención que vulneran gravemente los derechos humanos.

Pese a haber recibido el informe previamente, el régimen de Nicolás Maduro no emitió comentario alguno. La CIDH considera que la crisis venezolana es el resultado de la cooptación de las instituciones, la corrupción estructural y la impunidad con la que actúan las fuerzas represivas del Estado.

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