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La medida busca proteger la Decimocuarta Enmienda ante posible decreto presidencial que afectaría a hijos de inmigrantes indocumentados
Redacción – Portada Nacional. En medio de una nueva controversia legal en Estados Unidos, 22 estados han anunciado acciones concretas para proteger el derecho constitucional de ciudadanía por nacimiento, frente a los intentos del expresidente Donald Trump de limitarlo en caso de volver al poder.
El anuncio ocurre tras un fallo reciente de la Corte Suprema —emitido el viernes 27 de junio— que restringe el poder de los jueces federales para bloquear decretos presidenciales de forma nacional, lo que allana el camino para que Trump reactive su plan de negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en EE.UU.
Los estados que dicen NO al decreto
Los 22 estados han presentado demandas y resoluciones que impedirían que esta política sea aplicada dentro de sus jurisdicciones. Argumentan que la medida viola la Decimocuarta Enmienda de la Constitución, que establece:
“Toda persona nacida o naturalizada en Estados Unidos, y sujeta a su jurisdicción, es ciudadana del país.”
Los estados que han expresado su rechazo y defensa del derecho constitucional son:
- Arizona
- California
- Carolina del Norte
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Rhode Island
- Vermont
- Washington
- Wisconsin
Una batalla legal en curso
El controvertido plan de Trump no afectaría la ciudadanía de quienes ya la poseen, pero impediría que futuros hijos de inmigrantes indocumentados accedan automáticamente a ella, lo cual representa un impacto directo sobre miles de familias migrantes. De aprobarse sin trabas judiciales, la orden ejecutiva podría entrar en vigor 30 días después de ser firmada.
Desde la administración Trump se ha argumentado que el derecho a la ciudadanía debe limitarse a hijos de padres legalmente establecidos en el país, sin embargo, expertos constitucionalistas y defensores de derechos civiles aseguran que tal medida no solo es inconstitucional, sino discriminatoria.
Estados defienden la Constitución
Los gobernadores y fiscales generales de los estados involucrados han asegurado que llevarán el caso hasta las últimas instancias judiciales si es necesario, y han coincidido en que la ciudadanía no debe estar sujeta a la política migratoria del momento, sino al principio constitucional que garantiza igualdad ante la ley.
Mientras el escenario legal se desarrolla, la decisión de estos estados envía un mensaje claro: estarán en la primera línea de defensa de los derechos civiles y constitucionales frente a lo que consideran una amenaza sin precedentes en la historia moderna de Estados Unidos.
