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Santo Domingo. – La Comisión Especial de la Cámara de Diputados encargada del estudio del Proyecto de Ley de Alquileres de Bienes Inmuebles y Desahucios celebró este jueves unas vistas públicas en las que se escucharon diversas opiniones de ciudadanos y representantes de sectores vinculados al tema.
Durante el encuentro, que se extendió por más de dos horas, participaron representantes de organizaciones como la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (ACOPROVI), el Colegio Dominicano de Notarios y el movimiento Patria Libre, entre otros, así como ciudadanos a título personal.
El diputado Amado Díaz, presidente de la Comisión, destacó la importancia de abrir estos espacios de diálogo para integrar las inquietudes y propuestas de los distintos sectores sociales.
“Nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en que se escuche a la ciudadanía, en especial a las partes interesadas en los procesos. Abrimos el espacio suficiente para que todo el que tenga alguna inquietud participe, y ahora nos toca como Comisión Especial rendir un informe al pleno de la Cámara de Diputados”, expresó Díaz.
El legislador informó que la comisión se volverá a reunir el lunes próximo a las 2:00 de la tarde para analizar todas las intervenciones recogidas durante las vistas públicas. A partir de ese análisis se trabajará en la elaboración del informe definitivo que será presentado ante el hemiciclo.
“Vamos a ponderar todas las propuestas que se hicieron. Estoy convencido de que muchas de ellas serán tomadas en cuenta y eso podría modificar algunos aspectos presentes en el texto actual del proyecto”, añadió.
La Comisión Especial está integrada por los diputados Amado Díaz, Jorge Tavárez, Mayobanex Martínez, Onabel Aristy, Rosendy Polanco, Ydenia Doñé, María de los Ángeles Rodríguez, Wandy Bautista, Indira de Jesús, Luis Gómez Benzo, Mélido Mercedes, Elías Wessin Chávez, Carlos Pérez, Olfanny Méndez y Rogelio Alfonso Genao Lanza.
Estas vistas públicas representan un paso clave en el proceso de revisión del proyecto de ley, que busca actualizar el marco legal para los contratos de alquiler y los procedimientos de desahucio, con el objetivo de equilibrar los derechos y deberes de propietarios e inquilinos.
