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SANTIAGO DE CHILE.– La detención en Brasil de Martín de los Santos Lehmann, protagonista de una violenta agresión ocurrida el pasado 17 de mayo en Vitacura, ha generado un amplio repudio y reavivado el debate sobre el tratamiento judicial de casos de violencia. El joven, que tras una noche de excesos atacó brutalmente al conserje Guillermo Oyarzún, fue capturado esta semana en la ciudad brasileña de Cuiabá y se encuentra bajo prisión preventiva mientras se tramita su extradición a Chile.
El ataque ocurrió a las 3:30 de la madrugada en las afueras del edificio Lo Castillo, donde Oyarzún, de 70 años, cumplía funciones de vigilancia. Según relató la víctima, De los Santos se le abalanzó sin provocación alguna, propinándole golpes que le causaron la pérdida del sentido del olfato y la visión en un ojo. Tras ser arrestado, el agresor también amenazó e insultó a un carabinero en un centro de salud, sumando cargos por agresión a la autoridad.
Inicialmente, la justicia chilena lo dejó bajo arresto domiciliario. Sin embargo, tras la difusión de imágenes del ataque y el descubrimiento de antecedentes por hechos violentos anteriores, el tribunal revocó la medida y ordenó prisión preventiva. Para entonces, De los Santos ya había huido del país rumbo a Brasil, utilizando un pasaporte español.
En suelo brasileño, el agresor intentó aprovechar la atención mediática autodenominándose “influencer” y ofreciendo sus servicios para promocionar pymes y causas sociales. Mientras tanto, subía videos en redes sociales en los que pedía disculpas públicas y justificaba su conducta por traumas de infancia.
El caso ha despertado la indignación pública en Chile, tanto por la brutalidad del ataque como por la tardanza en la aplicación de medidas preventivas. El fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, reconoció que hubo errores en la audiencia inicial, al no solicitar arraigo nacional.
La solicitud formal de extradición ya fue presentada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago. Los delitos imputados contemplan penas que pueden ir desde los 541 días hasta los tres años de prisión, además de las sanciones correspondientes por agredir a un funcionario policial.
Mientras se espera el curso del proceso internacional, familiares de la víctima, como su hijo Héctor Oyarzún, expresaron su alivio por la detención y afirmaron que lucharán hasta que se haga justicia. Las autoridades chilenas han reiterado su compromiso de garantizar que De los Santos enfrente las consecuencias legales por sus actos.
