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Santo Domingo, RD. – Los abogados de la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, recusaron este martes a la jueza del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, alegando parcialidad en la conducción del proceso judicial que enfrenta su clienta por difamación en redes sociales.
Los representantes legales, Altagracia Capellán y Enrique Santelises, justificaron la recusación argumentando que el Ministerio Público ha actuado de forma improcedente al atribuirse competencia en un delito de acción privada, lo que a su entender viola el artículo 32 del Código Procesal Penal.
“Por primera vez en la historia de la República Dominicana vemos al Ministerio Público autoproclamarse competente en un delito que, por ley, le corresponde al querellante privado”, denunció el abogado Santelises.
Fianza de 3 millones: “No tiene ni para pagar un Uber”
Los abogados calificaron como “excesiva e injusta” la fianza impuesta de 3 millones de pesos a su defendida, resaltando su limitada condición económica.
“Estamos hablando de una pobre infeliz que no tiene ni siquiera para pagar un Uber. Esta medida no se corresponde con la realidad económica de la imputada”, expresó Capellán.
Audiencia será el martes 29 de julio
Tras los alegatos presentados por la defensa, la jueza decidió posponer la audiencia para el próximo martes 29 de julio, a la espera de que la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida sobre la recusación planteada contra su persona.
Acusación: difamación contra procurador adjunto
El caso judicial se desarrolla a raíz de una acusación formal por difamación e injuria realizada por Ingrid Jorge contra el procurador general adjunto Iván Féliz, supuestamente publicada en redes sociales.
La medida de coerción impuesta incluye:
- Garantía económica de RD$3,000,000
- Presentación periódica ante el tribunal
- Impedimento de salida del país
El debate legal: acción privada vs. acción pública
El caso ha desatado un debate jurídico en torno a los límites de actuación del Ministerio Público en delitos de acción privada, particularmente en lo que concierne a los delitos de expresión y opinión en plataformas digitales, donde el rol de las fiscalías ha sido tradicionalmente más pasivo.
Conclusión
La próxima audiencia será clave para determinar si el tribunal continúa conociendo el caso o si se acepta la recusación de la jueza. Mientras tanto, Ingrid Jorge permanece bajo medida cautelar, enfrentando un proceso que ha captado la atención tanto del ámbito judicial como del público digital.
