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Un nuevo programa piloto busca frenar el incumplimiento migratorio y reforzar la verificación de antecedentes
Washington D.C. –
El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una medida que podría transformar el proceso de solicitud de visas de turismo y negocios para miles de extranjeros: el Departamento de Estado exigirá una fianza de hasta US$15,000 a ciertos solicitantes de visados B-1/B-2, como parte de un programa piloto de 12 meses.
La disposición está dirigida a ciudadanos de países con altos índices de permanencia ilegal, aunque el listado exacto de naciones será publicado en una fecha posterior, según consta en el documento oficial del Registro Federal.
Objetivo del programa: frenar violaciones migratorias
Con este plan, el gobierno estadounidense busca presionar a los países con ciudadanos que exceden el tiempo legal de estancia. Solo en el año fiscal 2023, más de 500,000 personas permanecieron en territorio estadounidense tras la expiración de sus visas, según cifras oficiales.
“Los funcionarios consulares podrán exigir una fianza de hasta 15,000 dólares como condición para otorgar la visa”, reza el documento.
Condiciones y reembolso
Durante el programa piloto, se estima que unos 2,000 solicitantes deberán pagar un promedio de US$10,000 como garantía de que abandonarán el país en el tiempo estipulado. Si el solicitante cumple con los términos, recibirá el reembolso completo.
Nueva política en el marco de la agenda de Trump
La medida fue impulsada en el marco de las reformas migratorias respaldadas por el expresidente Donald Trump, quien promueve una ley que también incluye aumentos en los costos de las visas. Entre ellos:
- Tarifa de integridad de visa: mínimo US$250 por visitante.
- Solicitudes de asilo: nuevo cargo inicial de US$100 más un pago anual de US$100 mientras esté en trámite.
Impacto regional y advertencia a gobiernos
La política no solo representa un cambio económico para los solicitantes, sino también una advertencia a los gobiernos cuyos ciudadanos incurren en estancias ilegales. Según el Departamento de Estado:
“El mensaje es claro: los países deben incentivar a sus ciudadanos a respetar la ley migratoria estadounidense”.
