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Nepal atraviesa una de las peores crisis políticas y sociales de su historia reciente. Durante cinco días de violentas protestas que dejaron al menos 51 muertos, el país enfrentó un toque de queda, la renuncia del primer ministro Khadga Prasad Sharma Oli y la fuga masiva de más de 12.500 presos de varias cárceles, de los cuales apenas unos 200 han sido recapturados.
Las manifestaciones estallaron el lunes en Katmandú y otras ciudades tras la decisión del Gobierno de bloquear 26 redes sociales, entre ellas Facebook, X y YouTube, en medio de la viralización de la campaña “Nepo Kid”, que denunciaba corrupción en las élites políticas.
La represión policial dejó decenas de muertos y heridos, mientras grupos de jóvenes manifestantes, identificados como parte de la “Generación Z”, incendiaron edificios gubernamentales, la sede del Parlamento, un centro comercial, un hotel Hilton y residencias de altos dirigentes, incluido el propio Oli.
En su carta de renuncia, el ex primer ministro afirmó: “He renunciado al cargo de primer ministro con efecto desde hoy… para dar pasos hacia una solución política y la resolución de los problemas”.
Entre las propiedades destruidas figuran las residencias del presidente Ram Chandra Poudel, del líder del Congreso Nepalí Sher Bahadur Deuba, del ministro del Interior Ramesh Lekhak y del líder maoísta Pushpa Kamal Dahal. El Ministerio de Sanidad, que había resistido incluso dos terremotos, quedó totalmente devastado.
El Gobierno levantó parcialmente el toque de queda en Katmandú y continúan las negociaciones entre la cúpula militar, colectivos juveniles y el presidente Poudel para definir una hoja de ruta y designar a un primer ministro interino.
La crisis política en Nepal ha generado alarma internacional y deja como saldo no solo la renuncia del premier, sino también una herida profunda en sus instituciones y en la confianza ciudadana hacia la dirigencia política.
