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- Imputados: José Ángel Gómez Canaán (empresario tecnológico) y Hugo Beras (exdirector del Intrant).
- Delito principal: Sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo (agosto 2024).
- Investigación: Forma parte de la Operación Calamar, que involucra corrupción, espionaje, uso ilegal de tecnología y contratos fraudulentos.
Bienes incautados a Jochi Gómez
Solicitó sin éxito la devolución de:
- 23 relojes de lujo: Richard Mille, Patek Philippe, Rolex, Audemars Piguet, entre otros.
- 2 vehículos blindados: Toyota Land Cruiser VXR (con blindaje presuntamente ilegal).
- 1 pistola modificada tipo fusil.
- 1 escopeta.
📌 La jueza Franchesca Potentini Rosario rechazó su devolución por falta de pruebas de propiedad lícita.
Otras medidas rechazadas previamente
- Descongelamiento de cuentas bancarias personales y de su empresa Dekolor.
- Levantamiento de medidas cautelares sobre tres inmuebles en Higüey, Distrito Nacional y La Vega.
Argumentos del Ministerio Público
- Blindaje ilegal de vehículos: Pagado por empresas investigadas (PagoRD Xchange y Dekolor).
- Bienes sin documentación legítima: Fotografías de relojes no bastan para acreditar compra legal.
- Uso indebido de radiofrecuencias: Actividades de interceptación y espionaje sin autorización estatal.
- Suplantación de símbolos de las Fuerzas Armadas mediante su empresa Aurix.
- Defraudación al Estado por más de RD$800 millones en contratos con el Intrant.
Decisión de la jueza Potentini Rosario
«No se aportó documentación que confirme que los bienes fueron adquiridos legalmente. Fotografías no bastan como prueba. La solicitud resulta improcedente.»
Otros imputados en el caso
- Pedro Vinicio Padovani Báez (exencargado de control de tráfico del Intrant).
- Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda (exdirector de Tecnología del Intrant).
- Frank Díaz Warden (excoordinador de Despacho).
- Juan Francisco Álvarez Carbuccia (exdirector administrativo).
- Carlos José Peguero Vargas.
Estado del proceso
- El Ministerio Público debe presentar formalmente la acusación en los próximos días.
- El plazo vence a mediados de octubre de 2025, otorgado por la jueza Patricia Padilla.
Conclusión
El caso de Jochi Gómez va más allá de una simple disputa por bienes incautados. Se trata de una investigación complejaque involucra:
- Corrupción administrativa.
- Espionaje y uso ilícito de tecnología.
- Posible defraudación millonaria al Estado dominicano.
La negativa de la jueza a devolver sus bienes refleja una estrategia judicial firme por parte del Ministerio Público, liderada por la Pepca, con el objetivo de evitar obstrucciones en la investigación mientras se formalizan las acusaciones.
