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POR CÉSAR DALMASÍ
El autor es periodista
Nadie puede negar que ante la realidad mundial y específicamente en nuestro entorno latinoamericano, la República Dominicana es uno de los países que goza de una admirable estabilidad en diversos aspectos, como en lo político, en lo económico, en lo social, nuestro país tiene un clima de paz, de armonía y lleva un ritmo de desarrollo magnífico, fruto del esfuerzo de gobiernos y gobernados.
Ese ambiente le da la oportunidad a cualquier país, de que logre sus metas y objetivos como nación, sin embargo para tales fines se hace necesario que los distintos sectores converjan hacia un mismo propósito e interés, es decir, en los conglomerados sociales es normal y natural que existan dos tipos de intereses, el particular y el interés general, pero para garantizar la convivencia y que se continúe avanzando, se hace necesario como condición sine qua non, que los miembros de dicho conglomerado, siempre pongan el interés general por encima del particular.
Muy bien lo dice una máxima, en las relaciones humanas, para que haya una verdadera y sana relación humana, se hace necesario que en la relación tú estés bien y yo esté bien (Yo estoy bien tú estás bien), eso es relaciones humanas sanas, armoniosas y sin trapisondas, de manera que reiterando lo del primer párrafo, si en nuestro país tenemos un clima y un ambiente tan favorable, se supone que no debe haber jamás, ningún interés particular que derive en romper esa paz y esa armonía.
Entonces si los sectores sindicales, el mismo sector oficial ha puesto su posición firme, clara, justa y equilibrada y han dicho que no variarían bajo ningún sentido los postulados contenidos en el código laboral dominicano, referente al derecho adquirido como la cesantía; cuál es pues, la razón del pedido del sector empresarial dominicano de que este sagrado derecho sea vulnerado, aniquilado, bajo una argucia que a todas luces es injusta, desequilibrada y especialmente violatoria a las leyes y a las normas que rigen la materia, tanto en el aspecto nacional como internacional.
El gobierno de Luís Abinader no se puede dar el lujo de que por un interés particular y por demás a todas luces mezquino, esa estabilidad y armonía que él mismo en su gobierno ha construido y que hoy vivimos los dominicanos sean violentada, sí, porque existe una amplia posibilidad de que si desde el Senado de la República se equivocan y deciden complacer al sector empresarial, esto podría romper no solo la paz, la armonía y la convivencia pacífica de las cuales gozamos hoy día, si no que esto afectaría la gobernabilidad y a su vez la gobernanza tanto a nivel estatal como a nivel de las mismas empresas privadas.
Lo mejor sería que nuestros empresarios no insistan con algo que ya ha sido fehacientemente discutido y rechazado por los actores envueltos en dicha discusión y más aún, todo el sector trabajador rechaza de plano su posición porque es un pedido odioso y por tal razón toda la sociedad también lo está rechazando, de manera que se hace necesario que se profundice seriamente, sobre qué pesa más, si el interés particular o el interés general, en mi caso yo nunca cambiaría la paz por unas pocas monedas.
Pero además tampoco es secreto para nadie, que un sector importante de nuestros empresarios reciben miles de millones de pesos en exoneraciones por distintas razones, y un caso muy notable es la exoneración de combustible y un etcétera muy largo, pero por Dios, así no señores empresarios; como dice un refrán “Lo demasiado hasta Dios lo ve”.
En un país, la producción de riquezas y los aportes al PIB lo realizan los distintos sectores productivos, como los empresarios y trabajadores, por lo que es imperativo que estos dos sectores convivan en la mejora armonía; pero sin obviar la propia constitución dominicana la cual garantiza de forma taxativa lo que son los derechos adquiridos y los fundamentales, por lo que es oportuno recordar que ante este tipo de derecho ningún poder público le puede ser contrario, no puede disminuir ni cambiar la esencia de los indicados derechos, en virtud de que son derechos adquiridos y conquistas en este caso del sector trabajador.
Por eso los consagra la carta magna, de manera que reiteramos que el poder público lo único que tiene que hacer es proteger y salvaguardar estos derechos y conquistas, ya que por su naturaleza ni el poder ejecutivo ni tribunal alguno, ni ninguna acción administrativa tiene poder ni potestad para cambiar y violentar dichos logros; especialmente cuando en la República Dominicana vivimos en un estado democrático y de derechos por lo que los ciudadanos gozamos de todas esas prerrogativas.
Finalmente y en buen dominicano invito al sector empresarial dominicano a que deponga su actitud ya que la misma pudiera provocar la ruptura del estado de paz, de sosiego y de armonía existente en la actualidad, o como la población común y sencilla diría, “Tanto jodió el Diablo hasta que le sacó un ojo al hijo” o “Tanto escarbó la gallina hasta que encontró un gusano que luego no se lo pudo tragar” en otras palabras dejen de azuzar a las avispas y sigamos echando todos juntos este país hacia adelante.
