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SANTO DOMINGO, R.D.– La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) manifestó su profunda preocupación ante las serias denuncias presentadas por la magistrada Pilar Jiménez Ortiz al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), tras no ser ratificada como jueza de la Suprema Corte de Justicia, según consta en su comunicación de respuesta al acta No. 010-2025-CNM.
Jiménez Ortiz, quien cuenta con 23 años de trayectoria judicial y un historial de evaluaciones públicas sobresalientes, señaló en su carta múltiples inconsistencias en el proceso de evaluación, incluyendo la utilización de criterios ajenos al marco normativo, falta de motivación suficiente y la presencia de “percepciones” o inferencias subjetivas como base para una decisión que, a juicio de ROI, tiene un alto impacto institucional.
ROI recordó que ya había advertido anteriormente sobre distintas irregularidades, como la falta de transparencia en las deliberaciones del CNM, la no identificación de los consejeros que realizaron los señalamientos y la ausencia de evidencia objetiva que sustente varios de los argumentos utilizados para justificar la no ratificación de la magistrada.
La organización resaltó como especialmente alarmantes las denuncias relacionadas con un presunto patrón histórico dentro del CNM que afectaría a mujeres con destacada trayectoria judicial. Las afirmaciones sobre campañas de descrédito, criterios discrecionales y ausencia de mecanismos de protección a la independencia judicial podrían constituir prácticas discriminatorias contrarias a los estándares nacionales e internacionales de igualdad y no discriminación.
Ante esta situación, ROI consideró imprescindible que organismos especializados en derechos humanos y género, como el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) y el Ministerio de la Mujer (MMUJER), evalúen técnicamente la posible existencia de discriminación estructural en los procesos de evaluación de las altas cortes, así como los riesgos que este tipo de prácticas representa para la autonomía de las mujeres en la administración de justicia y para el fortalecimiento del Estado de Derecho.
ROI recordó que la evaluación de jueces y juezas es un mecanismo extraordinario orientado a garantizar la eficiencia judicial, y no un instrumento de presión política. Subrayó que la utilización de dichos procesos para justificar decisiones discrecionales o desvalorizar el desempeño de miembros del Poder Judicial constituye una amenaza directa a la democracia.
Finalmente, la Red reiteró su disposición a colaborar con las instituciones competentes para asegurar un sistema de justicia transparente, basado en criterios objetivos y respetuoso de la independencia judicial. Asimismo, llamó a la comunidad jurídica, a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía en general a mantenerse vigilantes, recordando que la independencia judicial y la igualdad de género son pilares esenciales para la vigencia del Estado de Derecho.
ROI está integrada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Participación Ciudadana (PC), la Fundación Friedrich Ebert (FES), Foro Ciudadano y el Centro de Investigación para la Acción Femenina (CIPAF).
