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Santo Domingo / Florida.– Seis meses después de su extradición a Estados Unidos, el general retirado de la Policía Nacional William Durán Jerez fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por su participación en una red internacional de narcotráfico y lavado de activos vinculada al regidor Edickson Herrera Silvestre (Yeyea).
La sentencia fue impuesta por la jueza Beth Bloom en una audiencia de 40 minutos celebrada en la Corte del Distrito Sur de Florida. Durán Jerez cumplirá la condena en una prisión del estado de Florida, petición hecha por el propio acusado durante el proceso.
Durán Jerez admitió formar parte de la red de Yeyea
La condena se produce casi tres meses después de que Durán Jerez admitiera ante las autoridades estadounidenses que integraba la estructura delictiva que presuntamente dirigía Herrera Silvestre.
Como parte del acuerdo con la Fiscalía de Florida, el exoficial se comprometió a colaborar con las autoridades federales, aportando información relevante sobre las operaciones ilegales de la red, sus rutas, conexiones y mecanismos financieros.
Durante la audiencia, se le comunicó que tiene la opción de apelar la decisión si así lo decide.
Extradición y antecedentes
Durán Jerez fue extraditado en junio de 2025, luego de abordar un avión privado enviado por la Administración para el Control de Drogas (DEA). Desde su llegada al territorio estadounidense quedó bajo custodia federal.
El exgeneral fue separado de la Policía Nacional en 2009 mediante el Decreto 161-09, firmado por el entonces presidente Leonel Fernández, bajo la figura de “antigüedad en el servicio”. Durante su carrera ocupó posiciones sensibles, entre ellas la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE) y la Dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden.
La red operaba entre República Dominicana, Miami y otros territorios
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, tanto Durán Jerez como Herrera Silvestre participaron en una red de tráfico de drogas que operó entre mayo de 2020 y noviembre de 2022, movilizando cargamentos ilícitos entre Miami, República Dominicana y otros territorios del Caribe y Centroamérica.
La investigación reveló el uso de múltiples métodos de transporte y esquemas de lavado de activos, por lo que ambos fueron acusados en cortes federales por conspiración para traficar sustancias controladas.
