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Posponen para el lunes 16 de marzo la audiencia preliminar del caso Jet Set

Posponen para el lunes 16 de marzo la audiencia preliminar del caso Jet Set
  • Publishedenero 12, 2026
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Tribunal fija audiencias semanales mientras familiares de las víctimas reclaman justicia

Santo Domingo.– El Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó para el lunes 16 de marzo el inicio de la audiencia preliminar contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del centro nocturno Jet Set, con el objetivo de notificar formalmente a todas las partes involucradas en el proceso judicial.

El tribunal informó, además, que las audiencias subsiguientes se celebrarán cada lunes, como parte del calendario establecido para el conocimiento de uno de los casos más trágicos y sensibles de la historia reciente del país.

Caso Jet Set: buscan determinar si va a juicio de fondo

La audiencia preliminar tiene como finalidad establecer si existen elementos probatorios suficientes para enviar a juicio de fondo a los imputados por la tragedia ocurrida el 8 de abril de 2024, cuando el colapso del techo del Jet Set Club provocó la muerte de 236 personas y dejó decenas de heridos.

La sesión inició pasadas las 10:00 de la mañana, bajo la presidencia del juez Raymundo Mejía, quien fue apoderado formalmente del expediente tras un sorteo aleatorio computarizado, dispuesto por la jueza coordinadora de los juzgados de la Instrucción, Kenya Romero, luego de que el Ministerio Público presentara acusación formal.

Manifestaciones y reclamos de justicia

Desde tempranas horas, familiares de las víctimas, sobrevivientes y colectivos ciudadanos se congregaron en las afueras del Palacio de Justicia del Distrito Nacional para exigir justicia.

A la llegada de los imputados, se produjeron momentos de tensión cuando algunos manifestantes les vociferaron consignas como “asesinos” mientras ingresaban a la sala del tribunal.

“Asesinos, los dos. La conciencia no los va a dejar dormir”, gritó una mujer visiblemente afectada mientras los hermanos Espaillat transitaban por el pasillo judicial.

¿De qué acusa el Ministerio Público a los propietarios del Jet Set?

La acusación presentada por el Ministerio Público es de carácter penal y civil y atribuye a Antonio y Maribel Espaillat, en su condición de propietarios y administradores del Jet Set Club, los siguientes delitos:

  • Homicidio involuntario, tipificado en el artículo 319 del Código Penal Dominicano.
  • Golpes y heridas involuntarias, conforme al artículo 320 del mismo código.
  • Negligencia grave e imprudencia, al actuar —según el expediente— con una “inmensa irresponsabilidad” frente a la seguridad estructural del establecimiento.

Sobrecarga, advertencias ignoradas y años de descuido

De acuerdo con la acusación, los imputados habrían sobrecargado el techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar los estudios técnicos necesarios para garantizar la resistencia y seguridad de la estructura.

El expediente del Ministerio Público sostiene que el colapso no fue un accidente inevitable, sino el resultado de años de negligencia, detallando:

  • Sobrecarga estructural prolongada: Durante más de 14 años se añadieron equipos pesados sobre el techo de concreto sin evaluaciones técnicas.
  • Falta de mantenimiento adecuado: Existían reportes de filtraciones graves y caída de escombros, especialmente en 2024, que fueron ignorados o reparados de forma improvisada para reducir costos.
  • Advertencias desatendidas: La gerencia habría sido alertada sobre el deterioro crítico del techo apenas un día antes del evento fatal, durante la presentación del merenguero Rubby Pérez.

Una herida abierta para el país

Mientras el proceso judicial continúa su curso, familiares de las víctimas, sobrevivientes y sectores de la sociedad civilinsisten en que se haga justicia y se establezcan responsabilidades claras en una tragedia que marcó profundamente a la República Dominicana.

El caso Jet Set se perfila como una prueba clave para el sistema judicial dominicano, en medio de una fuerte expectativa social por verdad, sanciones y garantías de no repetición.

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