Santo Domingo.– Los abogados de la defensa de los imputados en el caso Operación Cobra solicitaron ante el Tribunal Superior de Tierras la revisión de las medidas de coerción impuestas, que incluyen 18 meses de prisión preventiva y prisión domiciliaria, alegando que estas resultan excesivas y deben ser sustituidas por medidas menos gravosas.
La solicitud de apelación se conoce de manera subsidiaria, debido a las limitaciones estructurales del edificio que aloja la Corte de Apelación, lo que ha obligado a trasladar el conocimiento del proceso a otra jurisdicción. Los imputados se encuentran actualmente recluidos tanto en centros penitenciarios como bajo arresto domiciliario, dependiendo de su situación procesal.
Por su parte, los representantes del Ministerio Público pidieron al tribunal ratificar las medidas de coerción, argumentando la gravedad de los hechos y el peligro de fuga, así como la magnitud del presunto daño ocasionado al Estado dominicano.
El órgano acusador investiga una presunta red de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), en la que, según las autoridades, se habrían malversado más de RD$15,000 millones pertenecientes a los fondos de la seguridad social. El expediente señala como principal imputado al director de SeNaSa, Santiago Jain, junto a otros acusados.
Entre los involucrados figuran Gustavo Enrique Mina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Edward Estrella, quien cumple prisión domiciliaria, Sin Acosta, también bajo arresto domiciliario, así como Luis Rafael Martínez Hasim, Ramón Adams, Stiker Mateo, Jeidi Mariela Pineda Perdomo y Ana Ledesma, entre otros.
El Ministerio Público insiste en que los imputados habrían desviado recursos destinados a la atención médica de la población más vulnerable, señalando que estas acciones habrían impactado directamente en pacientes que no recibieron tratamientos oportunos, con consecuencias fatales en algunos casos.
Durante la audiencia, abogados defensores aseguraron que la Corte deberá asumir un rol determinante, especialmente en lo relativo a imputados con menor poder político y económico, alegando que las investigaciones deben profundizarse desde una perspectiva financiera para establecer responsabilidades individuales.
El tribunal se reservó el fallo, el cual será dado a conocer en los próximos días.
