Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó este jueves sus conclusiones finales en el juicio de fondo del caso Coral, solicitando condenas de hasta 20 años de prisión contra los principales implicados en la presunta red de corrupción administrativa, así como una pena especial reducida de cinco años para el delator Raúl Alejandro Girón Jiménez, por su cooperación con la investigación.
Durante la audiencia, la directora de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, pidió al tribunal dictar sentencias condenatorias por violaciones a la Constitución, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, lavado de activos y otros delitos graves que, según la acusación, lesionaron de forma directa el patrimonio del Estado dominicano.
Solicitan 20 años y decomiso de bienes
La Fiscalía solicitó 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou, Rafael Núñez de Aza y Rafael Camilo de los Santos Viola, además del decomiso de una amplia cantidad de bienes muebles e inmuebles, incluyendo propiedades, vehículos y activos financieros, para que pasen a favor del Estado.
El órgano acusador sostuvo que los imputados formaron parte de una estructura organizada que utilizó recursos públicos para beneficio personal, mediante mecanismos de simulación, contratos irregulares y operaciones financieras ilícitas.
Pena reducida para Girón Jiménez
En el caso del mayor del Ejército Raúl Alejandro Girón Jiménez, el Ministerio Público solicitó una condena reducida de cinco años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos, en reconocimiento a su colaboración efectiva, la cual permitió desarticular la presunta estructura delictiva y fortalecer el expediente acusatorio.
Asimismo, pidió que se compute el tiempo ya cumplido bajo arresto domiciliario, a fin de que la pena sea considerada cumplida o, en su defecto, que el resto sea suspendido de manera condicional, sujeto a medidas como residencia fija, prohibición de portar armas y presentación periódica ante el juez de ejecución de la pena.
El tribunal quedó apoderado del caso para emitir su decisión en una de las causas más emblemáticas de persecución a la corrupción administrativa en la República Dominicana.
