Corte de Apelación rechaza recusación y allana el camino para el conocimiento del proceso
La jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, conocerá este miércoles la solicitud de medida de coerción contra tres administradores de la empresa Barra Payán, acusados de sustraer cerca de RD$40 millones de la compañía.
El proceso continuará luego de que los jueces de la Segunda Sala de la Corte de Apelación rechazaran la recusación presentada contra la magistrada Veloz, interpuesta por el abogado de uno de los querellantes bajo el alegato de supuesta falta de imparcialidad. Sin embargo, la Corte determinó que la jueza actúa conforme a Derecho, despejando cualquier obstáculo procesal para el avance del caso.
Ministerio Público solicita garantía económica e impedimento de salida
Los imputados —Marcos Frías García, Juan Frías García y Dagoberto Cabrera— se encuentran detenidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y serán trasladados a la sala de audiencia minutos antes del inicio del conocimiento de la medida.
El Ministerio Público ha solicitado:
- Garantía económica de RD$1,000,000
- Impedimento de salida del país
- Presentación periódica ante las autoridades
Estas medidas buscan asegurar la presencia de los acusados durante el proceso judicial mientras se profundizan las investigaciones.
Un esquema de presunto abuso de confianza durante cuatro años
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, el órgano acusador sostiene que el modus operandi consistía en no depositar la totalidad del dinero generado por las ventas en las cuentas de la empresa.
Según la investigación, cada año se registraban diferencias significativas entre los cuadres manuales realizados por las cajeras y los montos finalmente reflejados en las cuentas corporativas. Las irregularidades habrían ocurrido de manera sistemática durante los años 2019, 2020, 2021 y 2022.
Una auditoría interna permitió detectar el presunto desfalco, que asciende a RD$39,784,661.18, producto de la distracción de fondos y activos en perjuicio de los propietarios y socios de la reconocida empresa.
Impacto financiero y reputacional
El caso no solo representa un proceso penal por presunto abuso de confianza, sino que también pone en evidencia los riesgos financieros que enfrentan las empresas cuando existen debilidades en los controles internos y mecanismos de supervisión.
Un desfalco de esta magnitud puede afectar significativamente la liquidez, estabilidad operativa y reputación corporativa de una compañía, especialmente en el sector comercial, donde el manejo de efectivo requiere estrictos protocolos de control.
La audiencia de este miércoles marcará el primer paso formal en el proceso judicial que determinará las responsabilidades penales de los implicados.
