Faride Raful: las críticas no tumban gobiernos, la falta de autoridad sí
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Por Richard Cabrera
Cada vez que un ministro de Interior y Policía decide hacer cumplir la ley, inevitablemente se convierte en el funcionario más criticado del Gobierno. No importa quién ocupe la posición. Ayer fue uno, hoy es Faride Raful y mañana será cualquier otro.
La razón es sencilla: mantener el orden nunca ha sido una tarea popular.
Mientras algunos reclaman mayor seguridad, otros protestan cuando las autoridades intervienen fiestas clandestinas, regulan horarios de expendio de bebidas alcohólicas o enfrentan el desorden en las calles. Esa contradicción refleja uno de los mayores desafíos del Estado dominicano: muchos exigen autoridad, pero pocos aceptan sus consecuencias cuando les afectan directamente.
Las encuestas colocan hoy a Faride Raful entre las figuras de mayor visibilidad del Gobierno. Esa exposición también la convierte en blanco de sectores políticos, grupos de presión y críticos permanentes que aprovechan cualquier incidente para exigir su salida.
Sin embargo, conviene preguntarse: ¿es realmente la ministra el origen de todos los problemas de seguridad que arrastra el país desde hace décadas?
La respuesta parece evidente.
La violencia, la criminalidad, el irrespeto a la autoridad y el deterioro de la convivencia ciudadana no comenzaron con esta administración. Son problemas estructurales acumulados durante años y cuya solución requiere reformas profundas, continuidad institucional y voluntad política.
Faride Raful llegó al Ministerio con la misión de impulsar una transformación policial que ningún gobierno anterior asumió con la misma intensidad. Ese proceso genera resistencia porque toca intereses, modifica estructuras y obliga a cambiar prácticas que durante mucho tiempo fueron vistas como normales.
Es lógico que una funcionaria que toma decisiones difíciles reciba cuestionamientos. Lo preocupante sería lo contrario: que no hiciera nada para evitar las críticas.
También resulta imposible ignorar el contexto político. A menos de dos años del inicio de la carrera electoral hacia 2028, los ataques contra las figuras con mayor proyección pública aumentarán. Así funciona la política en cualquier democracia. La confrontación forma parte del juego.
Eso no significa que un funcionario deba ser inmune al escrutinio. Toda gestión pública debe ser fiscalizada. Pero una cosa es exigir resultados y otra muy distinta convertir cada hecho aislado en una campaña permanente de descrédito.
El Gobierno de Luis Abinader ha enfrentado pandemia, crisis internacionales, inflación global y tensiones económicas que han impactado a toda la región. A pesar de ello, mantiene una agenda de reformas institucionales que todavía está en construcción.
La ministra Raful deberá seguir respondiendo con trabajo, transparencia y resultados. Esa es la única respuesta válida frente a la crítica.
Porque, al final, las encuestas cambian, las campañas pasan y las tendencias en redes sociales desaparecen. Lo que permanece es el legado que deja una gestión pública.
La autoridad puede ser impopular por momentos, pero un Estado que renuncia a hacer cumplir la ley termina perdiendo algo mucho más importante que una encuesta: pierde la confianza de los ciudadanos.
