DGCP suspende proveedores vinculados a 11 senadores
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SANTO DOMINGO.– PORTADA NACIONAL. La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) suspendió de oficio los Registros de Proveedor del Estado (RPE) de empresas vinculadas a varios senadores de la República, al considerar que podrían estar dentro del régimen de inhabilidades establecido por la Ley 47-25 de Contrataciones Públicas para funcionarios electos mientras ejercen sus cargos.
Entre las empresas afectadas figura ASETRAN, SRL, vinculada al senador por Santiago Rodríguez, Casimiro Antonio Marte Familia (Antonio Marte), quien aparece registrado como accionista de la sociedad comercial.
La DGCP explicó que la medida tiene carácter administrativo y preventivo, por lo que no representa una sanción contra los legisladores ni contra las empresas, sino una acción para evitar posibles conflictos de interés en procesos de contratación con instituciones del Estado.
La suspensión permanecerá vigente mientras exista la causa de incompatibilidad y hasta seis meses después de que los funcionarios concluyan sus funciones.
Los senadores alcanzados por la medida
De acuerdo con la DGCP, la suspensión de oficio involucra registros relacionados con 11 senadores, debido a vínculos societarios o comerciales con empresas inscritas como proveedoras del Estado.
Entre los legisladores mencionados se encuentran:
- Antonio Marte – Santiago Rodríguez
- Antonio Taveras Guzmán – Santo Domingo
- Santiago José Zorrilla – El Seibo
- Ricardo de los Santos Polanco – Sánchez Ramírez
- Lorenzo Ramírez – Santiago
- Dionis Sánchez Carrasco – Pedernales
- Franklin Romero Morillo – Duarte
- Carlos Gómez Espinosa – Espaillat
- Aracelis Villanueva Figueroa – San Pedro de Macorís
- Gustavo Lara Salazar – Barahona
- Omar Fernández Domínguez – Distrito Nacional
(La DGCP informó que las suspensiones corresponden a registros vinculados a legisladores identificados dentro del proceso administrativo.)
DGCP: no es una sanción
La institución recordó que antes de aplicar la suspensión de oficio concedió un plazo para que los funcionarios afectados solicitaran voluntariamente la suspensión de sus registros como proveedores.
La Dirección General de Contrataciones Públicas indicó que la medida busca fortalecer la transparencia, prevenir conflictos de interés y garantizar que los procesos de compras del Estado se desarrollen conforme a la normativa vigente.
Debate político y jurídico
La decisión abre un nuevo debate sobre la participación de funcionarios electos en actividades comerciales relacionadas con el Estado y el alcance de las restricciones establecidas por la nueva legislación de contrataciones.
Mientras sectores respaldan la medida como un avance en materia de transparencia, otros plantean la necesidad de revisar los alcances de la normativa para garantizar que su aplicación respete los derechos de los involucrados.
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