TSE aplaza demanda contra 33 partidos minoritarios
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Santo Domingo.– El Tribunal Superior Electoral (TSE) aplazó para el próximo 15 de septiembre de 2026, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la demanda que busca declarar la nulidad de la personería jurídica de 33 partidos y movimientos políticos que no alcanzaron el 1 % de los votos en las elecciones de 2024.
La decisión fue adoptada por los jueces Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, presidente del TSE; Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz, Rafaelina Peralta Arías y Lenis Rosángela García Guzmán, con el propósito de permitir la comunicación de documentos entre las partes.
El tribunal otorgó además un plazo de 10 días para el depósito de documentos vía Secretaría de la Alta Corte.
Las organizaciones políticas fueron puestas en causa a solicitud de la Junta Central Electoral (JCE), cuya representación estuvo a cargo de la consultora jurídica, Nikaury Báez.
La demanda fue presentada el 9 de julio por Proyecto Visión Nación (PVN) y el doctor José Cristopher Ramírez, quienes solicitan al TSE declarar la nulidad de la personería jurídica de las organizaciones que, conforme a los resultados de las elecciones de 2024, no alcanzaron el porcentaje mínimo de votación establecido por la legislación dominicana.
Durante la audiencia, el tribunal dispuso que sean convocados nuevamente los representantes de Camino Nuevo y Movimiento Cívico Cabrereño, debido a que no estuvieron presentes en la vista.
Los demandantes fundamentan su acción en el artículo 75 de la Ley núm. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y sostienen que debe aplicarse de manera estricta la disposición que establece las consecuencias para las organizaciones que no alcanzan el porcentaje mínimo de sufragios.
Según los accionantes, el objetivo es preservar la integridad del sistema de partidos y evitar que organizaciones sin el respaldo electoral requerido continúen beneficiándose de prerrogativas y recursos públicos destinados a entidades con representación suficiente.
También argumentan que cualquier interpretación administrativa, resolución o criterio que modifique, retrase o flexibilice la aplicación de la normativa podría vulnerar el principio de legalidad y afectar el equilibrio del sistema democrático.
El proceso continuará el 15 de septiembre, cuando el TSE deberá retomar el conocimiento de la demanda y las posiciones de las partes involucradas.
