Aplazan otra vez juicio contra teniente acusado de violencia y trata
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San Pedro de Macorís.– El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís aplazó para el 2 de octubre el conocimiento de la acusación contra el segundo teniente del Ejército Orlando Ramírez Medina, procesado por presuntos hechos de violencia de género, violencia intrafamiliar y trata de personas contra su expareja.
La procuradora adjunta María del Carmen de León explicó que la audiencia no pudo avanzar debido a que el tribunal no estuvo conformado en su totalidad.
“Es un tribunal colegiado y solo vino una juez”, explicó la representante del Ministerio Público al salir de la sede judicial.
De León manifestó su preocupación por los constantes aplazamientos que, según indicó, han impedido que el proceso avance con normalidad.
Recordó que en una audiencia anterior la víctima tampoco fue trasladada al tribunal, mientras que posteriormente los jueces se inhibieron alegando que habían conocido otro proceso penal relacionado con ella.
“El Ministerio Público está listo para conocer su acusación. Siempre estamos listos; ya lo demás escapa a una respuesta de nosotros”, sostuvo.
Un proceso que lleva años
El proceso penal se inició hace aproximadamente seis años y está relacionado con acusaciones de agresiones físicas, verbales y psicológicas contra la expareja del militar, una ciudadana venezolana.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, uno de los hechos ocurrió el 13 de noviembre de 2019, cuando Ramírez Medina presuntamente agredió y amenazó de muerte a la mujer en una residencia ubicada en el sector Hazim, en San Pedro de Macorís.
Un informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) documentó múltiples lesiones físicas.
La Fiscalía también sostiene que la víctima habría sido sometida a maltratos y amenazas posteriores, incluyendo advertencias relacionadas con su posible deportación de República Dominicana.
Ministerio Público también lo acusa de trata
La acusación incluye además el delito de trata de personas.
Según el órgano persecutor, el procesado habría contactado a la mujer mediante redes sociales y posteriormente facilitado su llegada a República Dominicana, donde presuntamente habría sido sometida a explotación laboral y a una relación caracterizada por abuso de poder y aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad.
El Ministerio Público sostiene que estas acciones habrían limitado su libertad y afectado derechos fundamentales.
La procuradora adjunta De León calificó el caso como delicado al involucrar presuntas violaciones de derechos fundamentales protegidos tanto por la legislación dominicana como por tratados internacionales.
El equipo del Ministerio Público está integrado por De León, la procuradora de corte Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), y la fiscal América Ramírez, de la Fiscalía de San Pedro de Macorís.
La próxima audiencia quedó fijada para el 2 de octubre, fecha en la que se espera que el tribunal pueda avanzar con el conocimiento de la acusación.
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