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Santo Domingo, República Dominicana.– República Dominicana acaba de conmemorar 182 años de vida republicana. Detrás de esa historia hay luchas, sacrificios, pérdidas y generaciones que defendieron el derecho de los dominicanos a decidir libremente quiénes deben conducir los destinos de la nación.
Por eso resulta necesario preguntarse qué está ocurriendo hoy con la política dominicana.
La República parece haberse convertido en una especie de quinceañera política: cada vez son más los que quieren acercarse, bailar el vals, ocupar una silla y presentarse ante la sociedad como los nuevos salvadores de la nación.
Partidos tradicionales, figuras emergentes, activistas, influencers, líderes comunitarios y nuevos rostros de la política aparecen con aspiraciones de ocupar posiciones públicas. Y aspirar a servir al país es un derecho democrático. El problema comienza cuando la búsqueda del poder parece convertirse en un objetivo en sí mismo y no en un instrumento para resolver los problemas de la gente.
El poder no puede ser un negocio
Gobernar no es sentarse en una silla.
Administrar el Estado tampoco es una competencia para determinar quién tiene más seguidores, quién genera más contenido en las redes sociales o quién logra mayor exposición pública.
El Estado administra recursos que pertenecen a todos los dominicanos.
Detrás de cada peso del presupuesto nacional hay ciudadanos que esperan mejores hospitales, escuelas dignas, seguridad, transporte, agua potable, empleos, carreteras y oportunidades para sus familias.
Por eso, llegar al poder debe significar mucho más que ganar una elección.
Ser diputado es una responsabilidad. Ser senador es una responsabilidad. Ser alcalde o regidor también lo es. Pero administrar las grandes decisiones económicas de una nación exige preparación, experiencia, integridad y una enorme capacidad de gestión.
El pueblo tiene derecho a preguntarse quién está preparado para asumir esas responsabilidades.
República Dominicana no puede darse el lujo de retroceder
El país ha avanzado en diferentes áreas y ha logrado proyectarse internacionalmente.
El turismo se ha convertido en uno de los principales motores económicos; la inversión extranjera encuentra en República Dominicana un destino atractivo; millones de visitantes llegan cada año; y las instituciones democráticas han tenido que asumir nuevos desafíos en una sociedad cada vez más exigente.
Nada de eso significa que el país sea perfecto.
Todavía existen enormes problemas sociales, económicos e institucionales que deben ser enfrentados. Pero precisamente por eso no podemos permitir que la discusión política se reduzca a una lucha por posiciones.
República Dominicana necesita mejores políticos, no simplemente más políticos.
Necesita ciudadanos preparados para administrar, fiscalizar y legislar. Personas capaces de entender que los recursos públicos no pertenecen al funcionario de turno, sino a la sociedad.
La JCE tiene una responsabilidad histórica
En este escenario, las instituciones electorales adquieren una importancia extraordinaria.
La Junta Central Electoral tiene en sus manos una parte esencial de la estabilidad democrática del país: garantizar que la voluntad popular sea respetada y que los procesos electorales mantengan credibilidad y transparencia.
La democracia no puede depender de quién tenga más dinero, más propaganda o mayor capacidad de movilización.
Debe depender del voto ciudadano.
Y ese voto debe ser protegido.
No todo el que quiere gobernar está preparado para hacerlo
Esta debería ser una de las grandes discusiones nacionales.
¿Quiénes aspiran a gobernar?
¿Qué experiencia tienen?
¿Cuál es su preparación?
¿Qué han hecho antes de pedir el voto?
¿Qué propuestas tienen para la economía, la seguridad, la educación, la salud y el empleo?
¿Y, sobre todo, qué garantías ofrecen de que los recursos públicos serán administrados con responsabilidad?
Estas preguntas no deben considerarse ataques políticos. Son preguntas legítimas en cualquier democracia madura.
El ciudadano no debe entregar un cheque en blanco.
La silla no puede ser el objetivo
La política dominicana necesita recuperar el sentido del servicio público.
El país no necesita dirigentes obsesionados con una silla. Necesita servidores públicos conscientes de que una posición política es temporal, mientras que las consecuencias de una mala administración pueden afectar a generaciones completas.
Quisqueya no necesita nuevos dueños.
Necesita ciudadanos capaces de cuidarla.
La República Dominicana tiene aproximadamente 11 millones de habitantes dentro de su territorio y una enorme comunidad dominicana en el exterior que mantiene vínculos económicos, familiares y emocionales con el país.
Todos ellos merecen instituciones sólidas, autoridades responsables y un Estado que funcione.
La democracia primero
La discusión electoral que se avecina debe ser una oportunidad para elevar el nivel del debate.
Que compitan las ideas.
Que se enfrenten los programas.
Que el ciudadano compare capacidades.
Que se investiguen las trayectorias.
Que se cuestione a quienes aspiran a administrar los recursos nacionales.
Pero que nadie olvide algo fundamental:
El poder político pertenece al pueblo, no a quienes temporalmente ocupan las instituciones.
República Dominicana ha pagado un precio demasiado alto para construir su democracia como para ponerla en riesgo por ambiciones personales, intereses económicos o luchas por posiciones.
La silla pasa.
El funcionario pasa.
El gobierno pasa.
La República queda.
Y por encima de cualquier partido, candidato, influencer, líder emergente o proyecto político debe permanecer una prioridad:
la democracia está por encima de todos.
Desde la redacción de Portada Nacional Digital, Santo Domingo, República Dominicana.
Richard Cabrera
