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SANTO DOMINGO. – La doctora Ysabel Heredia Vallejo, médico gastroenteróloga que se entregó a las autoridades, será presentada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde el Ministerio Público solicitará que se le impongan 18 meses de prisión preventiva, como parte del proceso por presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
Según el órgano acusador, Heredia Vallejo habría formado parte del entramado investigado mediante la Operación Cobra 2.0-A, relacionado con la presunta sustracción de fondos públicos a través de la institución de salud.
El Ministerio Público también pedirá que el proceso sea declarado de tramitación compleja, alegando la existencia de múltiples hechos, víctimas y posibles implicados, así como la presunta participación de una estructura de delincuencia organizada.
La solicitud se produce luego de que el pasado sábado fueran sometidos a la justicia 25 involucrados arrestados durante el desarrollo de la operación. Entre ellos figuran funcionarios y profesionales del sector salud señalados por el Ministerio Público en la investigación.
En el expediente aparecen, entre otros, Angeury Guzmán Vásquez, Heidy Coronado Paulino, Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova y Lucreisy Polanco Núñez. También figuran varios médicos, entre ellos Einstein Rafael Borromé Valdez, Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez y Edwin Alberto Batista Cruz.
La lista de imputados incluye además a José Luis Díaz Hernández, Carlos Job Ynoa Olivero, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo, así como a Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Engels Federico Díaz Mendoza, Keila Beatriz Acosta Leonardo y otros profesionales de la salud.
Investigación apunta a presuntas maniobras para distraer fondos
En la primera fase de la Operación Cobra, el Ministerio Público arrestó el pasado año al exdirector ejecutivo del SeNaSa, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, a quien identifica como presunto cabecilla del entramado. También fueron procesados Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El órgano acusador sostiene que durante la investigación ha recopilado evidencias de presuntos sobornos, alteraciones de estados financieros y programas especiales que, según la acusación, habrían sido utilizados para desviar recursos públicos mediante maniobras fraudulentas.
A los imputados se les atribuyen, de acuerdo con el Ministerio Público, posibles delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
La institución procura que, de comprobarse las acusaciones en los tribunales, se impongan las sanciones penales correspondientes y se decomisen los bienes vinculados a los fondos presuntamente sustraídos.
Operación Onco 14 amplía las líneas de investigación
Como parte de las pesquisas relacionadas con el caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco 14, que derivó en el arresto de tres personas señaladas por presuntas maniobras fraudulentas en perjuicio del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, el Instituto Oncológico Regional del Cibao, pacientes y el SeNaSa.
Entre los arrestados figuran Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio Público, Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras que Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.
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