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Karin L. Contreras admitió su participación en una conspiración que utilizó identidades robadas para obtener beneficios de desempleo durante la pandemia de COVID-19 en Washington, D. C.
Una ciudadana dominicana de 45 años y residente permanente legal en Estados Unidos fue sentenciada a 27 meses de prisión por participar en un esquema de fraude contra programas de seguro de desempleo creados durante la pandemia de COVID-19, en el que se presentaron solicitudes fraudulentas por más de un millón de dólares.
La condenada, identificada como Karin L. Contreras, también deberá cumplir dos años de libertad supervisada y pagar USD 551,674.78 en restitución, según informó la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La jueza federal Beryl A. Howell dictó la sentencia este viernes, luego de que Contreras se declarara culpable el 10 de julio de 2026 de conspiración para cometer fraude electrónico. Los fiscales habían solicitado una pena de 41 meses de prisión.
La fiscal federal para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, afirmó que el fraude afectó recursos destinados a personas que enfrentaban dificultades económicas como consecuencia de la emergencia sanitaria.
“Contreras robó de programas creados para ayudar a las personas a sobrevivir a las perturbaciones de la pandemia”, expresó Pirro en el comunicado oficial.
La funcionaria agregó que este tipo de delitos desvía fondos que deberían beneficiar a familias necesitadas y perjudica la confianza pública en los programas de asistencia gubernamental.
Cómo operaba el fraude al seguro de desempleo
De acuerdo con los documentos judiciales, la conspiración funcionó entre junio de 2020 y marzo de 2021. Durante ese período, Contreras y otras personas utilizaron información personal sustraída a terceros para presentar solicitudes fraudulentas de prestaciones por desempleo.
Las solicitudes permitieron obtener tarjetas prepagadas para cajeros automáticos, en las que se depositaron beneficios por un monto superior a un millón de dólares.
La mayoría de las tarjetas fue enviada a una dirección de Washington, D. C., ubicada junto al domicilio de Contreras, según los detalles de la investigación.
Posteriormente, los integrantes del grupo retiraban el dinero en cajeros automáticos mediante operaciones de hasta USD 1,000, límite diario permitido por tarjeta. Este mecanismo facilitaba la extracción progresiva de los fondos.
La Fiscalía estableció que Contreras utilizó personalmente 12 tarjetas obtenidas de manera fraudulenta entre el 1 y el 14 de julio de 2020. En ese período retiró USD 23,000 en cajeros automáticos de la capital estadounidense.
Aunque las solicitudes fraudulentas superaron el millón de dólares, los involucrados lograron retirar más de USD 550,000 de los programas de desempleo. Esa cantidad corresponde al monto de restitución establecido por el tribunal.
FBI investigó el caso junto a autoridades laborales
La investigación estuvo a cargo de la oficina del Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Washington y de la Oficina del Inspector General del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.
El proceso judicial fue llevado por la fiscal federal adjunta Kondi Kleinman, de la Sección de Fraude, Corrupción Pública y Derechos Civiles, junto con el abogado litigante John Kosmidis, de la Sección de Fraude del Departamento de Justicia.
La sentencia establece para Contreras una pena de 27 meses de prisión, dos años de libertad supervisada y la obligación de devolver USD 551,674.78 en fondos obtenidos mediante el esquema fraudulento.
