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La decisión de la corte de liberar a Hugo Beras, Jochi Gómez y Padovan ha generado reacciones encontradas. Los abogados de los implicados, Carlos Balcácer y Carlos Olivares, han defendido la resolución, destacando que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para vincular a sus representados con un ilícito penal.
Según Balcácer, esta decisión envía un mensaje claro de que el discurso preventivo del Ministerio Público ha quedado desacreditado, especialmente en los casos de presunta corrupción, donde no queda un imputados en cautiverio.
Aseguró que la decisión podría no ser bien recibida por ciertos sectores, incluidos algunos comunicadores, quienes «se la tendrán que tragar sin agua». La modificación de la medida de coerción fue un punto clave, y los abogados destacaron que el allanamiento a Hugo Beras, señalado como una mentira, fue declarado conforme a la ley por el tribunal.
Por su parte, el Ministerio Público, representado por el magistrado Wilson Camacho, expresó que hay dos puntos importantes sobre la decisión. En primer lugar, reafirmó que el allanamiento realizado a Hugo Beras fue legal y cumplió con los protocolos establecidos. Además, destacó que la Corte había ratificado que la persecución de jueces y la infiltración de la investigación no tiene valor procesal, lo que, según Camacho, debilita la argumentación del caso.
El Ministerio Público también presentó evidencias sobre la supuesta conversión de armas civiles en armas de guerra, argumentando que estas pruebas eran suficientes para mantener la prisión preventiva. No obstante, Camacho lamentó la decisión y reiteró que seguirán trabajando para presentar una acusación sólida y llevar a juicio a los implicados, buscando una condena justa.
