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La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Fátima Veloz, ha decidido recesar la audiencia sobre la solicitud de medida de coerción a los implicados en una presunta red criminal integrada por miembros de la Policía Nacional, acusados de sustraer al menos 900 mil proyectiles de la institución. La decisión fue tomada para dar oportunidad a que la defensa de uno de los imputados concluya su presentación de pruebas y argumentos.
La jueza Veloz informó que continuará con el caso el martes en la mañana, para luego dejarlo en estado de fallo y dictar su resolución sobre las medidas de coerción solicitadas.
En la audiencia, la directora de Persecución del Ministerio Público, Yeni Berenice Reynoso, junto al titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, solicitaron al tribunal que se impusieran 18 meses de prisión preventiva a los implicados, además de que el caso fuera declarado complejo debido a la magnitud de la presunta red criminal y la cantidad de personas involucradas.
Implicados en la red criminal
Los acusados de formar parte de esta organización criminal dentro de la Policía Nacional incluyen:
- Coronel Narciso Antonio Féliz Romero, encargado de Custodia de Armas y Municiones.
- Subintendente Juan Miguel Pérez Soler.
- Capitán Nelson Valdez, responsable del Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos.
- Auditor Víctor Manuel Santos, quien alteró los resultados de una auditoría en febrero para ocultar la sustracción de municiones.
- Segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, armero de la Dirección Regional Cibao Central.
- Sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat.
- Cabo Juan Luis Díaz Medina.
- Rasos Rubiel Martínez (Escobar) y Moreibín Medina Pérez.
- Miguelina Bello Segura, quien desempeñaba un papel clave en la operación de la red.
Detalles de la investigación
El Ministerio Público ha resaltado que la investigación sigue en curso y que el número de proyectiles sustraídos y los implicados podrían variar conforme se avancen en las indagatorias y se logre recuperar más municiones que habrían sido vendidas de manera ilegal. Wilson Camacho señaló que el caso sigue siendo dinámico, lo que podría llevar a la identificación de más miembros de la red.
El Ministerio Público ha destacado la gravedad del caso debido a que los proyectiles sustraídos representan un peligro para la seguridad del país, y han solicitado que se mantenga la medida de prisión preventiva mientras se continúa con la investigación.
Este caso ha generado gran atención en el país debido a la implicación de altos rangos dentro de la Policía Nacional y el presunto tráfico de armas y municiones por parte de agentes encargados de la custodia de material bélico, lo que comprometería la seguridad pública y la confianza en las fuerzas de seguridad del país.
