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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva otorgó este lunes el tradicional indulto navideño, beneficiando a personas en condiciones de vulnerabilidad, como mujeres embarazadas, personas con enfermedades graves y otros grupos específicos, según un decreto publicado en el Diario Oficial.
Exclusiones estrictas del perdón presidencial
El decreto excluye de forma categórica a:
- Condenados por crímenes contra el Estado Democrático de Derecho, como los implicados en el intento golpista del 8 de enero de 2023.
- Líderes de organizaciones criminales.
- Personas condenadas por crímenes graves como tortura, terrorismo, racismo, lavado de dinero, ocultación de bienes, delitos sexuales o abusos contra la administración pública.
Además, este año se introdujo una novedad significativa: quienes hayan sido condenados por abuso de autoridad tampoco serán elegibles para el indulto.
Grupos beneficiados
El indulto está dirigido a:
- Mujeres embarazadas de alto riesgo y madres o abuelas condenadas por crímenes menores que sean esenciales para el cuidado de menores de hasta 12 años.
- Personas con discapacidades severas como paraplejia, tetraplejia o ceguera.
- Pacientes con enfermedades graves, como cáncer o VIH en fase terminal.
- Personas mayores de 60 años que hayan cumplido una parte de su condena.
- Condenados por delitos menores y no violentos que hayan cumplido una proporción de su pena hasta el 25 de diciembre de 2024.
Requisitos y limitaciones
Los beneficiarios deben haber cumplido al menos un quinto de su condena si son primarios, o un cuarto si son reincidentes. No se incluyen penas accesorias, como multas.
Validación del decreto
El decreto fue elaborado bajo las directrices del Consejo Nacional de Política Criminal y aprobado por el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski.
Un acto tradicional con enfoque social
El indulto navideño es una tradición respaldada por la Constitución de Brasil, que permite al presidente establecer los criterios para el perdón anual. Este año, el enfoque de Lula priorizó a los más vulnerables, al tiempo que excluyó a quienes representan amenazas al orden democrático y social del país.
Esta decisión subraya el compromiso de la administración Lula con los principios de justicia social y reconciliación, al mismo tiempo que refuerza la lucha contra la impunidad en crímenes graves y actos de corrupción.
