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El 18 de enero de 2024, una ráfaga de balas disparada desde un automóvil marcó el inicio de una trágica secuencia de crímenes en Uruguay. El ataque, perpetrado frente a una vivienda en el barrio Malvín Norte de Montevideo, dejó dos víctimas: un niño de ocho años y un hombre de 25. Ambos fueron trasladados a centros médicos, pero no sobrevivieron a las heridas. El niño murió poco después del ataque; el joven, amigo del padre del menor, falleció durante la madrugada.
El verdadero objetivo de los disparos era el padre del menor asesinado, un integrante identificado con el grupo narco Los Albin. Según las autoridades, el ataque fue una represalia por el asesinato de un miembro de la banda rival Los Suárez. En el momento del ataque, el padre no se encontraba en la vivienda. Días después se entregó a la justicia, no sin antes reclamar públicamente justicia por la muerte de su hijo.
Este crimen fue el primero de una serie que marcaría el año 2024 como uno de los más violentos para menores de edad en Uruguay. Según datos oficiales del Ministerio del Interior citados por el diario El País, 10 menores fueron asesinados en contextos de ajustes de cuentas, tráfico de drogas o enfrentamientos entre grupos criminales. Cinco de las víctimas tenían 14 años o menos. Si se consideran todos los asesinatos de menores registrados durante el año, la cifra asciende a 22.
La violencia afectó tanto a hijos de líderes narcos como a adolescentes que, en muchos casos, estaban directa o indirectamente vinculados a bandas delictivas. Algunos pagaron con su vida por delitos que no cometieron, víctimas de venganzas dirigidas contra sus familiares. En otros casos, la violencia los alcanzó por simple cercanía o por errores de identificación.
Uno de los crímenes más impactantes ocurrió en el barrio Maracaná, donde un niño de 11 años murió en medio de una masacre que dejó un saldo de cuatro muertos tras un ataque con más de 100 disparos. En otro hecho, un niño de dos años perdió la vida al quedar atrapado en medio de una balacera con más de 30 tiros.
Las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) expresaron su preocupación por la naturalización de estos hechos. “Determinados episodios dejan de escandalizar a la opinión pública porque pasan a ser parte del paisaje cotidiano”, declaró el vicepresidente del organismo, Mauricio Fuentes. También advirtió sobre la percepción social diferenciada cuando las víctimas tienen vínculos con el mundo delictivo, aunque sea de forma indirecta.
Los datos oficiales revelan que, además de los homicidios por ajustes de cuentas, otros cinco menores fueron asesinados por violencia intrafamiliar, uno durante una rapiña, otro en un altercado espontáneo, y cuatro casos aún se mantienen sin un motivo determinado.
El aumento de homicidios de menores expone la creciente vulnerabilidad de niños y adolescentes en entornos marcados por la violencia estructural y el narcotráfico. El Estado uruguayo enfrenta el desafío de frenar esta tendencia y reconstruir entornos seguros para los más jóvenes.
