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Santo Domingo, República Dominicana.– El Ministerio Público desplegó este martes un equipo de fiscales que ejecuta varios allanamientos en el Distrito Nacional y Punta Cana, como parte de las investigaciones que se llevan a cabo en torno a la Operación Camaleón, mediante la cual fue desmantelada una red de corrupción vinculada al contrato de modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
Los operativos están siendo coordinados por la Dirección General de Persecución y la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con la participación de 15 fiscales. Entre los lugares allanados figura la residencia de Aquiles Jiménez, según confirmó el Ministerio Público.
La Pepca sostiene que esta red de corrupción defraudó al Estado dominicano a través de procesos irregulares relacionados con contrataciones públicas y la implementación tecnológica del sistema de control de tránsito. Como resultado de la investigación, han sido sometidos a la justicia varias personas con responsabilidades directas en el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
Entre los imputados figuran Hugo Beras, exdirector del Intrant; José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S., adjudicataria del contrato; así como Frank Díaz Warden, ex coordinador de despacho; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director Administrativo y Financiero; y Carlos José Peguero Vargas.
El Ministerio Público indicó que los allanamientos forman parte de una fase ampliada del proceso investigativo, que busca recopilar nuevas evidencias para sustentar los cargos formulados por corrupción administrativa, falsedad documental, asociación de malhechores y otros delitos relacionados con la gestión de fondos públicos.
Las autoridades han reiterado su compromiso con la transparencia y la lucha contra la impunidad, asegurando que el proceso se mantendrá apegado a las garantías legales y al debido proceso.
