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Buenos Aires, Argentina – La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó por unanimidad la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en una decisión que marca un hito en la historia política y judicial del país. El fallo fue emitido tras rechazar un recurso de queja presentado por la defensa de la ex mandataria, en relación al caso conocido como «Vialidad», por desvío de fondos en contratos de obra pública.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes invocaron el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, esta vez acompañado de fundamentos debido a la trascendencia institucional del caso. Con esta confirmación, Kirchner queda formalmente inhabilitada para participar en las elecciones legislativas del 7 de septiembre, donde había anunciado su candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires.
El Tribunal Oral Federal 2 deberá ahora determinar las condiciones de cumplimiento de la sentencia. Dada su edad de 72 años, es probable que se le conceda el beneficio del arresto domiciliario, ya sea en la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Santa Cruz, donde tiene domicilio legal. La misma situación será evaluada para los otros ocho condenados, entre ellos los empresarios Lázaro Báez y José López.
La condena había sido dictada en 2022, pero su aplicación estaba pendiente de revisión por parte del máximo tribunal. La decisión judicial impacta de manera directa en el escenario político argentino, obligando a la oposición peronista a replantear su estrategia electoral de cara a los comicios nacionales de octubre.
En respuesta al fallo, cientos de simpatizantes de Kirchner se movilizaron en Buenos Aires para expresarle su apoyo, ondeando banderas partidarias y coreando consignas en las inmediaciones de la sede del Partido Justicialista, que preside la ex mandataria. Allí se reunió con su equipo político para definir los pasos a seguir.
A esta situación se suma un anuncio realizado en marzo por el gobierno de los Estados Unidos, que impuso sanciones a Kirchner y a su ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, por su implicación en tramas de corrupción. Las sanciones incluyen la prohibición de entrada al país norteamericano para ambos y sus familiares directos, entre ellos Máximo y Florencia Kirchner. El Departamento de Estado justificó la medida señalando el desvío de millones de dólares de fondos públicos durante sus gestiones.
Con esta decisión, Cristina Kirchner se convierte en la primera ex presidenta democrática en Argentina en enfrentar una condena penal ratificada por la Corte Suprema. Aunque el ex presidente Carlos Menem también fue condenado por corrupción, nunca fue encarcelado debido a su inmunidad como senador y a que el fallo no quedó firme.
El gobierno del presidente Javier Milei reaccionó con satisfacción al fallo. El propio mandatario replicó el comunicado oficial del Departamento de Estado estadounidense con un mensaje dirigido a la ex presidenta que decía: “Che Cristina”.
El caso, que continúa generando repercusiones nacionales e internacionales, marca un antes y un después en la lucha contra la corrupción en Argentina.
