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La situación social en Bolivia se ha tornado crítica tras la muerte de cuatro policías y un civil en enfrentamientos registrados en las últimas 48 horas durante los operativos para levantar bloqueos en diversas regiones del país. Las protestas, que inicialmente comenzaron como una reacción a la inhabilitación del expresidente Evo Morales para las elecciones de agosto, han derivado en una ola de violencia alimentada por el descontento económico y la polarización política.
Uno de los episodios más graves ocurrió en la localidad minera de Llallagua, al norte del departamento de Potosí, donde los manifestantes superaron a la Policía Boliviana. En ese lugar, perdieron la vida los tenientes Jorge Barrozo Rodríguez y Carlos Enrique Apata Tola, así como el sargento primero Jesús Alberto Mamani, todos víctimas de heridas de bala. El subteniente Christian Calle Alcón falleció en un enfrentamiento en la carretera hacia Oruro, mientras que en Cochabamba, otro foco de tensión, se confirmó el fallecimiento de un civil.
Los manifestantes en Potosí llegaron a incendiar un autobús policial, retener a varios agentes y obstaculizar el paso de ambulancias, según reportes de medios locales. Las protestas han bloqueado durante días el acceso a combustible, gas y alimentos, situación que ha llevado a vecinos, comerciantes y transportistas a intentar desbloquear las rutas por su cuenta, generando nuevos focos de conflicto.
En Cochabamba, los bloqueadores resistieron durante horas el accionar de las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos para dispersar las manifestaciones. Mientras tanto, Evo Morales permanece en su bastión en la región cocalera, rodeado de simpatizantes, y ha advertido que el desbloqueo forzoso generará una mayor rebelión popular, aunque afirma no liderar directamente los piquetes.
El trasfondo del conflicto incluye una reciente sentencia del Tribunal Constitucional que prohíbe a Morales postularse nuevamente, tras haber ejercido tres mandatos presidenciales consecutivos. A esto se suman una crisis económica marcada por la escasez de combustible, el alza de precios de la canasta básica y una creciente insatisfacción en zonas rurales y urbanas.
En respuesta, el presidente Luis Arce descartó su renuncia y anunció acciones conjuntas entre la Policía y las Fuerzas Armadas para recuperar el control de las vías bloqueadas. “No vamos a permitir que ganen quienes no quieren elecciones ni democracia”, declaró en un mensaje televisado, luego de confirmarse la muerte de los agentes.
A medida que el conflicto se extiende a varias regiones —con al menos 19 puntos de bloqueo reportados este jueves en cuatro departamentos— crecen los llamados desde distintos sectores para declarar un estado de excepción que permita restaurar el orden, especialmente en las zonas más afectadas como Potosí y Cochabamba.
El país se encuentra a dos meses de unas elecciones marcadas por la tensión política, y el panorama actual plantea serios desafíos para la gobernabilidad y la estabilidad institucional.
