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El caso fue declarado complejo; abogados de víctimas piden que se reclasifique como homicidio voluntario por dolo eventual
SANTO DOMINGO. – El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este miércoles una medida de coerción consistente en garantía económica de RD$50 millones, impedimento de salida y presentación periódicacontra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, por su implicación en el colapso del techo que dejó 236 muertos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril.
La jueza emitió su decisión pasada la 1:30 de la madrugada, tras más de 12 horas de audiencia celebrada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Además, el caso fue declarado complejo, dado el número de víctimas, la gravedad del hecho y la cantidad de pruebas presentadas por el Ministerio Público.
Abogados de víctimas: «Debe tipificarse como homicidio voluntario»
Durante la jornada, el abogado Félix Portes, representante de varias familias afectadas, informó que más del 80% de los abogados querellantes solicitó cambiar la calificación jurídica del caso de homicidio involuntario a homicidio voluntario por dolo eventual. Alegan que los hermanos Espaillat tomaron decisiones con conocimiento de los riesgos y las consecuencias fatales que estas podían provocar.
Además, Portes señaló que la mayoría de los representantes legales entiende que la conducta de Maribel Espaillat es más grave que la de su hermano, debido a que habría intentado obstaculizar la investigación, contactando a un posible testigo clave.
Defensa alega falta de pruebas de intención criminal
En su turno, Miguel Valerio, abogado defensor de los imputados, solicitó dos horas para exponer su posición, alegando que no existen elementos que sustenten un dolo en la actuación de sus clientes y defendió que no representan peligro de fuga.
¿Por qué piden prisión preventiva?
La representación legal de las víctimas solicitaba prisión preventiva para ambos hermanos, especialmente para Maribel, en el Centro Correccional de Najayo Mujeres, y rechazaron que se le otorgue un trato privilegiado por su condición social.
A lo largo del proceso, el Ministerio Público ha presentado 133 pruebas documentales, testimoniales y periciales, alegando que los imputados realizaron modificaciones estructurales graves sin supervisión técnica, removieron columnas clave y sobrecargaron el techo con elementos pesados, lo que provocó el colapso mortal.
