|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo. Dos tribunales del Distrito Nacional han sido apoderados para conocer las solicitudes de medidas de coerción contra la comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, por supuesta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y del procurador adjunto Iván Féliz Vargas.
La jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, conocerá el expediente relacionado con la querella interpuesta por Raful. Mientras que la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción, fue apoderada del caso relativo a la denuncia formulada por el magistrado Féliz Vargas. La distribución de ambos casos se realizó mediante sorteo computarizado por la jueza coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero.
La Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) presentó la instancia de medida de coerción, en la cual solicita la imposición de garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país para la imputada, hasta tanto se resuelva el proceso judicial.
El Ministerio Público acusa a Jorge de conducir una campaña de descrédito a través de las redes sociales, específicamente en plataformas como YouTube, Instagram y X, con informaciones consideradas falsas y lesivas a la honra de los funcionarios mencionados. De acuerdo con las leyes dominicanas, estos hechos constituyen un delito sancionado con hasta un año de prisión y multa equivalente a quinientos salarios mínimos.
En las últimas horas, se ha observado que Jorge ha eliminado de sus redes sociales todas las publicaciones donde hacía señalamientos directos contra Faride Raful e Iván Féliz Vargas. Hasta el momento, no ha ofrecido declaraciones públicas sobre esta acción ni sobre las acusaciones en su contra.
El caso ha despertado amplio interés en la opinión pública, en medio del debate sobre los límites de la libertad de expresión, el uso de plataformas digitales y la responsabilidad legal de los comunicadores en la era de las redes sociales.
