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Ocho personas fallecieron la madrugada del domingo 10 de agosto tras un ataque armado en los exteriores de una discoteca en el cantón Santa Lucía, provincia de Guayas, Ecuador. Según la Policía Nacional, un grupo de sicarios llegó en vehículos, abrió fuego contra una multitud que bebía en la vía pública y huyó del lugar. Entre las víctimas se encuentra Jorge Urquizo, hermano del alcalde del municipio y propietario del local. Siete personas murieron en el lugar y una más en el hospital.
Los atacantes habrían utilizado dos camionetas y, de acuerdo con algunos testigos, también motocicletas. En la escena se recuperaron cerca de 80 casquillos de pistolas calibre 9 milímetros y fusiles automáticos. Un hombre armado con un revólver fue detenido en la zona, aunque su relación con el crimen no ha sido confirmada. Los cuerpos de las víctimas, siete hombres y una mujer, fueron trasladados a la morgue de Daule. La alcaldía decretó duelo cantonal.
El ataque ocurrió cuatro días después de que el presidente Daniel Noboa decretara un estado de excepción de 60 días en varias provincias, incluyendo Guayas, para enfrentar la grave crisis de seguridad. En los últimos años, Ecuador ha experimentado un incremento sin precedentes en la violencia homicida, vinculada al narcotráfico internacional. Organizaciones y organismos internacionales han señalado que el país, sin producir coca, se ha convertido en un corredor clave para el transporte de cocaína hacia Norteamérica y Europa.
El Gobierno ha implementado operativos masivos, reforzado la cooperación internacional y extraditado a líderes criminales, pero episodios como el de Santa Lucía reflejan que las disputas entre organizaciones continúan afectando a zonas urbanas y rurales. La investigación sigue en curso para determinar si el ataque estaba dirigido a un blanco específico y si tiene relación con estructuras criminales organizadas.
