ONG Foro Penal denuncia 884 presos políticos en Venezuela, incluidos 85 con doble nacionalidad

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Caracas. – La organización no gubernamental Foro Penal reportó que en Venezuela existen actualmente 884 presos políticos, de los cuales 85 poseen otra ciudadanía o doble nacionalidad, según su boletín más reciente con fecha de corte 3 de noviembre de 2025.

El informe, publicado a través de la red social X, detalla que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres, de los cuales 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años. Asimismo, el documento precisa que 711 son civiles y 173 militares, e indica que la cifra no incluye los casos de detenciones breves o de personas que fueron arrestadas y liberadas en lapsos menores de 48 horas.

De acuerdo con Foro Penal, la mayoría de los arrestos se produjeron tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, en las que el Consejo Nacional Electoral (CNE) —controlado por el oficialismo— proclamó ganador a Nicolás Maduro, pese a las denuncias de fraude por parte de la oposición agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan la existencia de presos políticos en el país y aseguran que todos los detenidos enfrentan procesos por delitos comunes, una afirmación que ha sido rechazada por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón advirtió sobre el incremento de las detenciones arbitrarias y la falta de información pública sobre los casos, lo que calificó como una situación de “inseguridad jurídica y angustia prolongada” para las familias. La organización denunció además la negación del acceso a defensa legal y comunicación con familiares, lo que constituye —afirmó— una violación directa de los derechos fundamentales y de los tratados internacionales suscritos por Venezuela.

Foro Penal reiteró su llamado a las autoridades venezolanas a garantizar información inmediata y veraz sobre la identidad, paradero y situación jurídica de las personas privadas de libertad, así como el acceso irrestricto a abogados y familiares, conforme establece la Constitución venezolana y los convenios internacionales de derechos humanos.

(Con información de EFE)