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La jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó este viernes a la Clínica Abreu entregar en un plazo de 48 horas el expediente médico completo del exsenador Rafael Calderón, imputado en el caso Calamar.
Clave para evaluación médica y continuidad del proceso
La decisión se produjo luego de que un perito del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) informara al tribunal que no pudo emitir un certificado médico concluyente debido a la ausencia de la historia clínica y de los estudios complementarios del paciente.
La magistrada dispuso que la documentación sea remitida a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), encabezada por la procuradora Mirna Ortiz, a fin de completar la evaluación médica ordenada y garantizar tanto el derecho a la salud del imputado como el desarrollo adecuado del proceso penal.
Audiencia aplazada
El tribunal aplazó la audiencia para el jueves 18 de diciembre a las 9:00 de la mañana, en espera de que el centro de salud entregue los documentos requeridos dentro del plazo establecido.
Contexto del caso Calamar
El caso Calamar es considerado uno de los expedientes de corrupción administrativa más complejos y de mayor impacto en la historia reciente de la República Dominicana. El Ministerio Público presentó acusaciones contra más de 40 personas físicas y jurídicas, incluyendo exministros, exfuncionarios y empresarios, por su presunta participación en una red que habría desfalco al Estado por miles de millones de pesos.
De acuerdo con la acusación, la estructura delictiva operaba mediante pagos irregulares por expropiaciones, sobornos y contratos ficticios canalizados a través de instituciones públicas.
Dilaciones y retos procesales
El proceso ha enfrentado reiterados aplazamientos, muchos de ellos motivados por la presentación de licencias médicas de algunos imputados, entre ellos el exsenador Calderón, lo que ha obligado al tribunal a ordenar evaluaciones médicas para verificar la legitimidad de los certificados presentados.
Asimismo, el caso ha incluido acuerdos de criterio de oportunidad con varios implicados, quienes han optado por colaborar con las autoridades a cambio de beneficios procesales y la devolución parcial de fondos al Estado.
Las autoridades judiciales y el Ministerio Público han reiterado la necesidad de avanzar en las audiencias, subrayando que el caso Calamar es clave en la lucha contra la corrupción al más alto nivel del Estado.
