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Los demócratas preparan una batería de investigaciones en el Congreso estadounidense contra el presidente Donald Trump, su familia y sus principales aliados. Los indultos presidenciales, las criptomonedas, los negocios privados y los archivos de Jeffrey Epstein figuran entre los asuntos que podrían sacudir a la Casa Blanca a partir de enero.
SANTO DOMINGO.– La nueva correlación de fuerzas en el Congreso de Estados Unidos amenaza con abrir un nuevo frente de presión política para el presidente Donald Trump. Tras los resultados de las elecciones legislativas del 3 de noviembre, los demócratas se preparan para utilizar su poder parlamentario para investigar posibles conflictos de intereses, decisiones presidenciales y actuaciones de altos funcionarios de su Administración.
El mensaje que encendió las señales de alerta fue publicado por el congresista demócrata Robert García durante la noche electoral: «CONTRATEN ABOGADOS», una advertencia dirigida a los republicanos ante la posibilidad de una extensa agenda de investigaciones legislativas.
La estrategia no se limitaría al mandatario. También abarcaría a miembros de su familia, empresarios cercanos, funcionarios de su Gobierno y figuras influyentes de su entorno político y financiero.
Negocios familiares y criptomonedas bajo investigación
Uno de los principales focos de atención será el crecimiento de los negocios vinculados a la familia Trump durante su segundo mandato. Los legisladores demócratas pretenden examinar si las actividades comerciales del entorno presidencial han generado conflictos entre los intereses privados y las responsabilidades públicas del mandatario.
Entre los asuntos que podrían ser investigados figuran las inversiones en criptomonedas, las operaciones empresariales internacionales y las actividades financieras de Jared Kushner, yerno de Trump.
Kushner ha sido objeto de cuestionamientos por su participación en negocios de inversión privada mientras mantiene vínculos con asuntos de política exterior. Los demócratas quieren determinar si esas relaciones representan posibles conflictos de intereses.
El senador Ron Wyden también prepara una agenda de fiscalización desde el Comité de Finanzas, con atención especial a las operaciones de capital privado, los beneficios fiscales y la influencia de intereses empresariales en las decisiones gubernamentales.
El caso Epstein vuelve a poner presión sobre Trump
Otro de los capítulos más delicados será la revisión de los documentos relacionados con el financiero Jeffrey Epstein, fallecido en prisión y condenado por delitos sexuales.
Los demócratas quieren determinar si el Departamento de Justicia ocultó, censuró o retuvo indebidamente documentos cuya divulgación contempla la legislación sobre transparencia de los archivos Epstein.
El líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, ya había impulsado mecanismos de trabajo para examinar la información relacionada con el caso.
La investigación también podría aumentar la presión política sobre Trump debido a las preguntas pendientes sobre sus antiguos vínculos sociales con Epstein. Sin embargo, cualquier señalamiento deberá ser sustentado con pruebas y no constituye, por sí mismo, evidencia de responsabilidad penal.
Los indultos presidenciales también estarán bajo la lupa
Los legisladores demócratas también pretenden revisar los indultos concedidos durante el segundo mandato de Trump, especialmente aquellos relacionados con personas adineradas o con conexiones empresariales y políticas.
Uno de los asuntos mencionados es el indulto otorgado a Changpeng Zhao, fundador de Binance, quien se había declarado culpable de incumplir las normas estadounidenses contra el lavado de dinero.
También se han planteado cuestionamientos sobre presuntos pagos e intermediaciones para conseguir clemencia presidencial. Entre las versiones que los legisladores quieren examinar figuran informaciones sobre la participación de antiguos abogados del mandatario en gestiones de indultos.
El objetivo será establecer si existieron beneficios económicos indebidos o intercambios de favores. Hasta que se presenten pruebas concluyentes, estas cuestiones deben mantenerse en el terreno de las investigaciones y los señalamientos.
Pete Hegseth y Elon Musk podrían entrar en la lista
La ofensiva legislativa también podría alcanzar al secretario de Defensa, Pete Hegseth, quien enfrenta cuestionamientos políticos relacionados con el manejo de información clasificada, operaciones militares y decisiones del Pentágono.
El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha planteado la posibilidad de impulsar acciones para apartarlo del cargo.
Los legisladores también han expresado interés en revisar actuaciones relacionadas con operaciones militares en Irán, ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico en Suramérica y posibles irregularidades en los ascensos dentro de las Fuerzas Armadas.
Los demócratas quieren examinar los recortes realizados durante su participación en la Comisión de Eficiencia Gubernamental (DOGE), así como posibles conflictos de intereses vinculados a contratos públicos de sus empresas SpaceX y Tesla.
También se plantean preguntas sobre decisiones relacionadas con los servicios satelitales de Starshield en Ucrania.
La Casa Blanca prepara su defensa
Ante la posibilidad de una extensa ofensiva parlamentaria, funcionarios de la Administración Trump ya han comenzado a preparar respuestas para las solicitudes de documentos y las citaciones que podrían emitir los comités del Congreso.
La Casa Blanca podría recurrir a estrategias legales para cuestionar, retrasar o limitar algunas solicitudes de información, como ocurrió durante el primer mandato del presidente.
Aunque el Congreso tiene facultades para investigar, citar personas y solicitar documentos, sus investigaciones no equivalen automáticamente a procesos penales. Además, el Departamento de Justicia seguirá bajo el control del Ejecutivo.
Por esa razón, el principal impacto inmediato de esta ofensiva podría producirse en el terreno político, institucional y mediático.
¿Habrá un nuevo juicio político contra Trump?
Aunque algunos sectores demócratas no descartan ninguna posibilidad, el inicio de un nuevo proceso de destitución contra Trump no parece ser la primera opción de la dirigencia legislativa.
Los demócratas conocen las dificultades que representa un juicio político, especialmente porque una condena en el Senado requiere una mayoría de dos tercios.
En lugar de concentrar todos sus esfuerzos en un nuevo impeachment, los legisladores parecen apostar por investigaciones que puedan involucrar a los colaboradores más cercanos del presidente y mantener bajo presión a su Administración.
La nueva mayoría tendrá que demostrar que sus investigaciones producen resultados y, al mismo tiempo, responder a las preocupaciones económicas de los estadounidenses, especialmente el costo de la vida, la inflación y los combustibles.
La advertencia de Robert García resume el tono que podría marcar la nueva etapa política de Washington: «Contraten abogados».
La batalla legislativa apenas comienza y enero podría marcar el inicio de uno de los períodos de mayor fiscalización política que enfrentará Trump durante su segundo mandato.
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