Santo Domingo, R.D. – La Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional continúa este martes con el conocimiento de los recursos de apelación interpuestos por Santiago Hazim y otros seis imputados en el caso de presunta corrupción administrativa en el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), quienes buscan la revocación de la medida de prisión preventiva dictada en su contra.
El tribunal de alzada inició la audiencia pasadas las 10:00 de la mañana, conociendo los recursos presentados por los imputados a través de sus abogados Miguel Valerio, Hiroito Reyes, Marcelino Vargas Brito, Jaime Caonabo Terrero, entre otros representantes legales.
Mediante estas apelaciones, los imputados solicitan que se revoque la decisión emitida por el juez Rigoberto Sena, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien impuso 18 meses de prisión preventiva, ordenó su traslado al Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras y a la cárcel de Najayo Mujeres, y además declaró el proceso como caso complejo.
El grupo de detenidos está integrado por Santiago Hazim, exdirector de SeNaSa; Rafael Luis Martínez Hazim; Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero; Germán Rafael Robles Quiñones, exconsultor jurídico; Francisco Iván Minaya Pérez, gerente de salud; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.
Asimismo, la Corte conoce este martes el recurso de apelación presentado por Miguel Surún Hernández contra las medidas impuestas a los imputados Cinty Acosta, Heidi Pineda y Eduardo Read, quienes actualmente se encuentran bajo arresto domiciliario, impedimento de salida del país, presentación periódica y garantía económica.
De acuerdo con el Ministerio Público, el presunto entramado de corrupción habría operado desde el año 2020 hasta el 2025, ocasionando una defraudación estimada en más de 15,000 millones de pesos al sistema público de riesgos de salud. Entre los cargos atribuidos al grupo figuran coalición de funcionarios y prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, así como falsificación y uso de documentos falsos.
El órgano acusador reiteró que el proceso permanece abierto y que, además de los actuales imputados, otras personas físicas y jurídicas continúan bajo investigación en el marco de este caso.
