Venezuela avanza protocolo para aplicar “expedita” Ley de Amnistía a presos políticos
Caracas.– Autoridades de Venezuela establecieron este viernes un protocolo para la aplicación “expedita” de la Ley de Amnistía aprobada el jueves por el Parlamento, diseñado para agilizar la ejecución de los beneficios de la norma en casos de presos políticos de las últimas décadas.
El documento, cuyo contenido aún no se ha divulgado públicamente, fue redactado y aprobado durante una reunión entre el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), la Fiscalía General y la Comisión Especial para el Seguimiento de la Ley de Amnistía.
Autoridades que participaron en el acuerdo
En el encuentro participaron la presidenta del TSJ, Caryslia Rodríguez; el fiscal general, Tarek William Saab; y el diputado chavista Jorge Arreaza, quien preside la comisión parlamentaria encargada de supervisar la implementación de la ley junto a otros funcionarios.
Según lo señalado por Saab en redes sociales, el protocolo garantizará que todos los órganos de administración de justicia ejecuten de forma rápida y efectiva los beneficios previstos por la amnistía para las personas relacionadas con los hechos contemplados en la legislación.
Arreaza explicó que el objetivo del encuentro fue precisar y articular los procesos judiciales para asegurar que la ley se cumpla de manera ágil y eficaz, incluyendo la revisión de casos que inicialmente no fueron contemplados en el texto aprobado.
Comisión y revisión de casos
La Ley de Amnistía, aprobada por unanimidad por el Parlamento venezolano, establece la creación de una comisión de seguimiento encargada de implementar mecanismos para su cumplimiento y de recomendar a otros organismos del Estado medidas alternativas en los expedientes que lo requieran.
Este viernes, la ONG Foro Penal informó que entregará a esa comisión una lista con al menos 232 casos para que sean evaluados e incluidos bajo la amnistía, mientras que aún quedarían cientos de detenidos que no estarían cubiertos por la ley aprobada.
La aplicación práctica de la ley y este nuevo protocolo será observada de cerca, tanto por defensores de derechos humanos como por sectores políticos, dada la importancia de la medida en el contexto de la transición y distensión política en Venezuela.
