El depuesto líder venezolano Nicolás Maduro solicitó este jueves a un juez federal en Estados Unidos que desestime los cargos por narcotráfico y conspiración que enfrenta en una corte de Nueva York, alegando que las autoridades estadounidenses bloquearon fondos destinados a su defensa legal, lo que —según su defensa— viola sus derechos constitucionales.
La petición, presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, fue formulada por su abogado, Barry Pollack, quien argumentó que una decisión del Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), parte del Departamento del Tesoro, ha impedido que el gobierno venezolano pague los honorarios legales de Maduro.
Según la defensa, la OFAC inicialmente emitió una licencia el 9 de enero que permitía el uso de fondos de Venezuela para pagar su abogado, pero esa autorización fue revocada sin explicación pocas horas después, mientras se mantiene activa una licencia similar para la defensa de su esposa, Cilia Flores, también acusada en el caso.
Argumentos de la moción
Pollack sostuvo que la negativa de la OFAC a permitir que el Estado venezolano financie la defensa legal de Maduro viola su derecho constitucional a elegir y pagar a su propio abogado, bajo la Sexta Enmienda de la Constitución de EE. UU. Esto —aseguró— afecta directamente su derecho a un juicio justo y libre, por lo que corresponde que el tribunal desestime las acusaciones.
En documentos presentados, Maduro aseguró que, conforme a las leyes y prácticas de su país, él tiene derecho a que el Gobierno venezolano costee su defensa, y que no cuenta con recursos propios para pagarla.
Además, la defensa advirtió que, si la moción no prospera, su abogado podría solicitar dejar el caso para que el tribunal nombre otro defensor que pueda ser pagado sin depender de los fondos bloqueados.
Contexto del proceso
Maduro y su esposa fueron capturados el 3 de enero en una operación ejecutada por fuerzas estadounidenses y trasladados a Nueva York, donde fueron imputados por cargos relacionados con narcotráfico, narcoterrorismo y otros delitos graves. Ambos se declararon no culpables en su primera comparecencia judicial.
El caso plantea ahora un complejo enfrentamiento legal entre la defensa del expresidente, que argumenta violaciones a sus derechos procesales, y el Gobierno de EE. UU., que ha mantenido sanciones contra Venezuela a través de la OFAC, complicando los mecanismos para financiar la defensa de Maduro desde el extranjero.
Esta moción marca un capítulo inusual en un proceso de alta repercusión internacional, donde se entrelazan cuestiones de derecho constitucional estadounidense, sanciones financieras y el futuro judicial de una figura clave en la política de América Latina.
