Participación Ciudadana advierte retrasos en caso Jean Alain Rodríguez

Santo Domingo, República Dominicana. – El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó su octavo informe de seguimiento a casos de presunta corrupción administrativa, centrado en el proceso judicial contra Jean Alain Rodríguez y otros imputados.

La organización destacó que las medidas de coerción fueron dictadas el 14 de julio de 2021, por lo que el proceso cumplirá cinco años en julio próximo. Señaló además que el juicio preliminar se extendió por cerca de dos años, con un total de 95 audiencias.

Según el informe, el inicio del juicio de fondo fue fijado para el 23 de septiembre de 2024; sin embargo, a la fecha ha sido aplazado en 22 ocasiones, sin que se haya iniciado formalmente. Durante este período, las audiencias han estado centradas en el conocimiento de incidentes presentados por los imputados.

Participación Ciudadana advirtió que esta situación contraviene lo establecido en el artículo 305 del Código Procesal Penal, que dispone que los incidentes deben resolverse en un solo acto y que no deben provocar la suspensión del juicio.

La organización expresó preocupación por el riesgo de que los casos de gran corrupción puedan extinguirse debido al vencimiento del plazo máximo de duración del proceso, atribuyendo esta situación a tácticas dilatorias que buscan prolongar los procedimientos judiciales.

Asimismo, recordó que la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el plazo de duración de los procesos debe ser razonable y considerar factores como la complejidad del caso, la actuación de las partes y el comportamiento de las autoridades judiciales.

De igual manera, el Tribunal Constitucional ha reconocido que algunos procesos requieren más tiempo del previsto debido a su complejidad, siempre que las demoras estén justificadas y no sean atribuibles a los jueces.

Participación Ciudadana enfatizó que, a un año y ocho meses de haber sido enviado a juicio de fondo, el caso aún no ha iniciado, lo que refleja debilidades en la capacidad del sistema judicial para procesar casos de corrupción de manera oportuna.

Finalmente, la entidad señaló que, aunque el nuevo Código Penal incorporará sanciones más severas para la corrupción, el principal desafío sigue siendo la aplicación efectiva y oportuna de las leyes vigentes, advirtiendo que la falta de resultados concretos podría continuar alimentando la impunidad en el país.