Nueva York.– El Gobierno de Estados Unidos decidió modificar parcialmente el régimen de sanciones contra Venezuela para permitir que el Ejecutivo de ese país financie la defensa legal del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes enfrentan cargos por narcotráfico ante un tribunal federal en Nueva York.
La medida fue adoptada a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), entidad adscrita al Departamento del Tesoro estadounidense, que emitió licencias enmendadas para autorizar los pagos bajo condiciones específicas.
Licencias especiales y condiciones estrictas
De acuerdo con el documento judicial, los abogados defensores podrán recibir honorarios del Gobierno venezolano siempre que los fondos:
- Provengan de recursos disponibles posteriores al 5 de marzo de 2026
- No estén vinculados a depósitos de gobiernos extranjeros
Esta decisión representa un cambio significativo en la postura de Washington, que previamente había bloqueado estos pagos alegando razones de seguridad nacional y política exterior.
Un giro tras presión legal y constitucional
La defensa de Maduro, encabezada por el abogado Barry Pollack, había denunciado que la imposibilidad de recibir pagos vulneraba la Sexta Enmienda de la Constitución de EE.UU., que garantiza el derecho de todo acusado a contar con representación legal de su elección.
Incluso, el juez federal Alvin Hellerstein había expresado dudas sobre la postura de la Fiscalía, al considerar que impedir el financiamiento de la defensa podía afectar la equidad del proceso judicial.
Proceso judicial en curso
Tanto Maduro como Flores fueron capturados en Caracas en enero de 2026 y trasladados a Estados Unidos, donde enfrentan cargos que incluyen:
- Conspiración para narcoterrorismo
- Importación de cocaína
Ambos se han declarado “no culpables” y permanecen detenidos en una prisión federal en Brooklyn, mientras se prevé que el juicio formal podría iniciar en uno o dos años.
Impacto político y geopolítico
La decisión se produce en medio de una reconfiguración de la política estadounidense hacia Venezuela, marcada por ajustes en las sanciones y movimientos diplomáticos recientes.
Expertos consideran que esta flexibilización no implica un levantamiento total de las restricciones, sino una medida puntual orientada a garantizar el debido proceso judicial en un caso de alto perfil internacional.
Un caso que redefine el alcance de las sanciones
El permiso otorgado por la OFAC abre un precedente relevante sobre los límites de las sanciones económicas cuando estas interfieren con derechos fundamentales, como el acceso a la defensa legal.
A medida que avanza el proceso, el caso de Nicolás Maduro podría convertirse en un punto de referencia clave en la intersección entre política internacional, justicia penal y derechos constitucionales en Estados Unidos.
