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SANTO DOMINGO. – El proceso judicial relacionado con el denominado caso Intrant entra en una nueva etapa luego de que el tribunal ordenara la apertura de juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario Jochi Gómez y los demás implicados en el expediente que investiga presuntos actos de corrupción administrativa y delitos tecnológicos.
La decisión fue adoptada tras concluir la fase preliminar del proceso, en la que los jueces determinaron que existen elementos suficientes para que los acusados enfrenten un juicio público y contradictorio donde se debatirán las pruebas presentadas por el Ministerio Público.
La acusación incluye cargos por presunta corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado dominicano, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación de documentos, delitos de alta tecnología, lavado de activos y otras infracciones que, según el órgano persecutor, habrían afectado el funcionamiento del sistema nacional de tránsito.
Tribunal rechaza incidente presentado por Hugo Beras
Durante la audiencia, el tribunal también rechazó un incidente promovido por la defensa de Hugo Beras, que alegaba una supuesta vulneración de su derecho de defensa.
Los abogados del exfuncionario argumentaron que no habían recibido información oportuna sobre la línea investigativa relacionada con el uso presuntamente irregular del espectro radioeléctrico, así como sobre diversos peritajes técnicos incorporados al expediente.
Sin embargo, los jueces concluyeron que dichas alegaciones carecían de fundamento, al establecer que el imputado tuvo conocimiento de esos elementos desde las etapas iniciales del proceso.
La decisión señala que durante la audiencia de medida de coerción celebrada el 8 de octubre de 2024, Beras estuvo representado por su equipo legal y recibió la documentación correspondiente, incluyendo los aspectos vinculados a la investigación sobre el espectro radioeléctrico y los informes periciales cuestionados.
Acusaciones de gran impacto
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían participado en una estructura que operó mediante contratos y mecanismos irregulares relacionados con la modernización y administración de sistemas tecnológicos vinculados al control del tránsito.
Los fiscales aseguran contar con pruebas documentales, periciales, técnicas y testimoniales que respaldan las acusaciones presentadas contra los procesados.
El expediente ha sido considerado uno de los casos de mayor relevancia en materia de contratación pública y tecnología gubernamental de los últimos años, debido a la naturaleza de los hechos investigados y al impacto que habrían tenido sobre servicios considerados estratégicos para el Estado.
Próxima etapa
Con la decisión de apertura a juicio, corresponderá ahora a un tribunal de fondo conocer el caso y valorar las evidencias que serán presentadas tanto por el Ministerio Público como por las defensas de los imputados.
En esa fase se determinará si existe responsabilidad penal por los hechos atribuidos a Hugo Beras, Jochi Gómez y los demás acusados en el expediente.
La resolución representa un nuevo avance en un proceso que ha captado la atención pública por las acusaciones de irregularidades en la gestión de recursos tecnológicos y contratos relacionados con la movilidad y el tránsito en la República Dominicana.
