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SANTIAGO. – El Ministerio Público solicitó este jueves la imposición de un año de prisión preventiva y que se declare complejo el proceso judicial contra diez personas señaladas como integrantes de una estructura criminal dedicada a la extorsión, el chantaje y las estafas contra ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La petición fue presentada luego del desarrollo de la Operación XL526, considerada una de las intervenciones más amplias ejecutadas recientemente contra delitos de alta tecnología en la región Norte del país.
Según las investigaciones, la organización tenía su centro de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia Santiago, desde donde coordinaba acciones fraudulentas utilizando herramientas tecnológicas avanzadas y personal con dominio del idioma inglés para captar víctimas en territorio estadounidense.
Entre los imputados figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera, Walinton Ariel Sosa Almonte, Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
Simulaban pertenecer a carteles internacionales
De acuerdo con el expediente acusatorio, los integrantes de la red presuntamente se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, incluyendo el denominado Cartel de Sinaloa, con el propósito de intimidar a sus víctimas y exigirles grandes sumas de dinero.
Las autoridades sostienen que los acusados enviaban mensajes amenazantes, fotografías violentas y contenido intimidatorio para generar miedo y obligar a los afectados a realizar pagos bajo presión.
El Ministerio Público ha identificado al menos 18 víctimas, aunque no descarta que la cantidad sea mucho mayor conforme avancen las investigaciones.
Millonarias operaciones financieras
La acusación señala que los recursos obtenidos mediante las actividades ilícitas eran movilizados a través de múltiples mecanismos financieros, incluyendo transferencias electrónicas, depósitos por empresas remesadoras, plataformas digitales y operaciones con criptomonedas como Bitcoin.
Según los investigadores, estas maniobras tenían como objetivo ocultar el origen ilícito de los fondos y dar apariencia de legalidad a los recursos obtenidos mediante extorsión y fraude.
Amplio despliegue de autoridades
La Operación XL526 movilizó a 35 fiscales que ejecutaron 28 allanamientos simultáneos en Santiago y Puerto Plata, con el respaldo de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (FTCO), Homeland Security Investigations (HSI) de Estados Unidos y otros organismos especializados.
Durante los operativos fueron ocupados equipos electrónicos, documentos, dispositivos tecnológicos, dinero en efectivo y otras evidencias que, según el Ministerio Público, vinculan directamente a los acusados con la estructura criminal.
Acusaciones de alta gravedad
El órgano acusador sostiene que cuenta con pruebas suficientes para procesar a los imputados por asociación de malhechores, delitos de alta tecnología, estafa, extorsión, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y porte ilegal de armas de fuego.
Debido a la magnitud de la presunta organización, el número de involucrados y la complejidad de las operaciones financieras investigadas, el Ministerio Público entiende que el expediente debe ser declarado complejo para ampliar las pesquisas y garantizar una adecuada persecución penal.
La solicitud de medida de coerción será conocida en las próximas horas por el tribunal correspondiente.
