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Santo Domingo.– El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó la apertura a juicio contra el exsenador de Azua, Rafael Porfirio Calderón Martínez, tras determinar que existen suficientes elementos de prueba para que responda ante un tribunal por su presunta participación en el entramado de corrupción administrativa desmantelado mediante la Operación Calamar.
La decisión fue emitida por la magistrada Sofía Bruno De Los Santos, quien acogió la solicitud presentada por el Ministerio Público a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
El proceso judicial contra el exlegislador se ha desarrollado de manera separada del expediente principal debido a las condiciones de salud que había presentado anteriormente, razón por la cual el tribunal dispuso la individualización de su caso.
Durante la audiencia preliminar, los representantes del Ministerio Público y los abogados del Estado dominicano solicitaron formalmente la apertura a juicio, argumentando que cuentan con una amplia cantidad de evidencias documentales, financieras y testimoniales que sustentan las acusaciones.
En cambio, la defensa de Rafael Calderón, encabezada por el abogado Wilson Beriguete, solicitó un auto de no ha lugar, alegando que su defendido no participó en los hechos que se le atribuyen.
Acusaciones del Ministerio Público
De acuerdo con el expediente acusatorio, Calderón habría formado parte de una estructura organizada que operaba para ejecutar expropiaciones irregulares de terrenos y desviar fondos públicos con el supuesto propósito de financiar actividades políticas vinculadas a la campaña electoral del año 2020.
Las investigaciones señalan que el exsenador utilizaba su cercanía con el entonces ministro de Hacienda, Ángel Donald Guerrero, para gestionar la aprobación de pagos relacionados con deudas administrativas derivadas de terrenos declarados de utilidad pública.
Asimismo, el órgano persecutor sostiene que Calderón exigía a los propietarios legítimos de esos terrenos el pago de comisiones que oscilaban entre un 40 % y un 70 % de los recursos desembolsados por el Estado, mediante acuerdos que, según la acusación, carecían de sustento legal.
Presunta red de testaferros
El Ministerio Público también asegura que el exlegislador habría utilizado una red de presuntos testaferros para ocultar el origen ilícito de los recursos obtenidos.
Entre los señalados figuran Baldemar Andriw Ovalle Sánchez, así como las empresas Miqui Trade, S.R.L. e Industria Misaqui, S.A., vinculadas a Omar Manuel Miqui Arias.
Las investigaciones financieras estiman que Rafael Calderón habría obtenido beneficios ilícitos ascendentes a RD$165,297,166.71.
Caso Calamar sigue generando repercusiones
La Operación Calamar involucra a varios exfuncionarios de la administración del expresidente Danilo Medina.
Mientras algunos acusados, como Ángel Donald Guerrero, fueron enviados a juicio, otros, entre ellos José Ramón Peralta y Gonzalo Castillo, fueron exonerados de responsabilidad penal.
Con esta decisión judicial, Rafael Calderón deberá enfrentar un juicio de fondo en el que se determinará su responsabilidad penal respecto a los hechos que le atribuye el Ministerio Público.
