|
Getting your Trinity Audio player ready...
|
Santo Domingo.– El juez del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Deiby Timoteo Peguero, concedió cuatro meses de prórroga al Ministerio Público para concluir la investigación y presentar la acusación formal contra el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, y los demás imputados en el proceso.
La decisión fue adoptada tras acoger la solicitud presentada por el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, y la procuradora adjunta de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz.
El magistrado explicó que el artículo 152 del Código Procesal Penal permite extender el plazo de investigación cuando exista una necesidad debidamente justificada, aunque debe garantizarse el principio del plazo razonable establecido en la legislación y la Constitución.
Investigación fue declarada compleja
Peguero recordó que el proceso fue judicializado el 11 de diciembre de 2025, cuando fueron impuestas las medidas de coerción, y que posteriormente fue declarado complejo, lo que permitió duplicar los plazos ordinarios de investigación.
El juez precisó que el plazo para concluir la etapa preparatoria vencía el 11 de agosto de 2026 a la medianoche, mientras que la solicitud de prórroga fue depositada ese mismo día a las 10:42 de la mañana, por lo que fue presentada dentro del período legal.
Entre las diligencias pendientes figuran interrogatorios a testigos, informes y peritajes de instituciones como la Superintendencia de Bancos y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), además de actuaciones con otros organismos auxiliares de la investigación.
El Ministerio Público informó que durante uno de los allanamientos fueron ocupadas unas 15,000 páginas de documentos, incluidos materiales de carácter médico y financiero, cuyo contenido continúa bajo análisis.
También se encuentra pendiente un informe de la Contraloría de la Procuraduría, para el cual se habría requerido un período de aproximadamente 80 días laborables, así como la extracción y análisis de información contenida en teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos ocupados durante la investigación.
El tribunal consideró que varias de estas diligencias dependen de la intervención de instituciones y organismos externos, por lo que entendió justificado conceder tiempo adicional al Ministerio Público para completar la investigación.
Mantienen prisión preventiva
En la misma decisión, el juez rechazó la solicitud de variación de la prisión preventiva presentada por Rafael Luis Martínez Hazim, Francisco Iván Minaya Pérez y Ramón Alan Speakler Mateo.
Peguero determinó que permanecen vigentes las razones que sustentaron la imposición de la medida y consideró que la prisión preventiva continúa siendo idónea, necesaria y proporcional atendiendo a las características del proceso.
También figuran como imputados Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Ada Ledesma, Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen arresto domiciliario.
El Ministerio Público acusa al grupo de una presunta estructura que habría defraudado al Estado dominicano por más de RD$15,000 millones, monto que, según investigaciones posteriores citadas en el proceso, habría superado los RD$19,000 millones.
De acuerdo con la acusación, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2020 y 2025 y afectado el sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos y falsificación y uso de documentos falsos.
