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El abogado de Ángel Luis y Angeury Guzmán Vásquez solicitará aplazar la audiencia de medida de coerción por falta de preparación
Santo Domingo.– Ángel Luis Guzmán Vásquez, señalado como presunto líder de un fraude de más de RD$41 millones contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), y su hermano, Angeury Guzmán Vásquez, están dispuestos a buscar una salida alterna con el Ministerio Público, según informó su abogado, Billy Gerónimo.
“Estamos cooperando con el Ministerio Público”, expresó el jurista, quien aseguró que sus representados están “presto[s] a llegar a cualquier tipo de solución alterna” con el órgano acusador.
Angeury Guzmán Vásquez fue detenido el pasado viernes y tiene pendiente el conocimiento de una medida de coerción este lunes en horas de la tarde. Su hermano Ángel Luis cumple prisión preventiva en la cárcel Las Parras, en San Antonio de Guerra, luego de ser arrestado en abril cuando intentaba salir del país.
Gerónimo adelantó que solicitará el aplazamiento de la audiencia, debido a que él y otros abogados no están preparados para presentar los presupuestos que sustenten el arraigo de Angeury y garanticen que no evadirá el proceso judicial.
Familiares señalados en el expediente
El Ministerio Público también vincula al caso a la esposa y a los padres de Ángel Luis Guzmán Vásquez, aunque estos no se encuentran detenidos.
De acuerdo con la solicitud de medida de coerción, su esposa es Adonay María Carrasco Heredia. Su padre, Ángel Guzmán Patricio, habría sido utilizado para la triangulación financiera de los recursos ilícitos, mientras que su madre, Milagros Vásquez Gálvez, presuntamente habría participado en transacciones con justificaciones falsas.
El expediente también menciona a un primo, Víctor Winerbi Aybar Vásquez, quien habría figurado en el sistema de Senasa con autorizaciones de servicios y consultas médicas que no se realizaron.
25 personas imputadas
En este proceso, el Ministerio Público imputa a 25 personas, entre ellas 21 médicos, por presuntamente gestionar autorizaciones de estudios y consultas especializadas para afiliados de Senasa que nunca recibieron esos servicios.
Las acusaciones forman parte de una investigación sobre supuestas irregularidades que habrían causado un perjuicio económico superior a RD$41 millones a la aseguradora estatal.
