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Estados Unidos retiró las visas a más de 60 funcionarios, exfuncionarios, políticos y familiares de ciudadanos sancionados de Colombia y Bolivia, a quienes señala por presuntos vínculos con el narcotráfico y la corrupción, según informó el Departamento de Estado.
Entre los colombianos afectados figura Ricardo Roa Barragán, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. La medida forma parte de la estrategia de la Administración de Donald Trump contra la corrupción y el crimen organizado en América Latina.
“Hoy, el Departamento de Estado está ampliando su campaña contra la corrupción y el narcotráfico en nuestra región”, declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.
Políticos y exfuncionarios colombianos entre los sancionados
Además de Roa Barragán, la lista incluye a Yahir Acuña, alcalde de Sincelejo, capital del departamento de Sucre, y al senador electo Wadith Manzur, cuya posesión no se produjo después de que la justicia ordenara su detención en marzo.
También figura la representante a la Cámara Karen Manrique, detenida en Colombia por el caso de presunta corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
La relación de sancionados incluye, además, a los exsenadores Julio Chagui y Liliana Esther Bita, así como al exdiputado José Ignacio Mesa Betancurt.
Roa enfrenta investigaciones penales relacionadas con su gestión al frente de Ecopetrol y su participación como gerente de la campaña que llevó a Petro a la Presidencia en 2022.
El Departamento de Estado señaló que la medida busca respaldar al Gobierno colombiano en sus esfuerzos por combatir la influencia del crimen organizado en las instituciones, incluidos los tribunales, los cuerpos policiales y el Poder Legislativo.
Según la información suministrada, Colombia se incorporó a la alianza Escudo de las Américas después de la llegada al poder del nuevo Gobierno en agosto. Hasta el momento de la información original, no se habían producido reacciones públicas de los afectados ni del Gobierno colombiano.
Estados Unidos restringe visas a 40 ciudadanos bolivianos
En Bolivia, las restricciones alcanzaron a 40 ciudadanos: 15 funcionarios y exfuncionarios públicos, además de 25 familiares directos, de acuerdo con el Departamento de Estado.
Entre los nombres divulgados figuran el exfiscal general Juan Lanchipa Ponce y el exfiscal Armando Rojas, coordinador en La Paz.
También aparecen el juez Julio Alba Flores; Aldo Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz; y Julio César Porras Velarde, fiscal coordinador de la Unidad de Sustancias Controladas de esa ciudad.
La lista incluye a Rony Suárez Milliet, investigado en el marco de pesquisas internacionales relacionadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.
Las restricciones se producen después de que, desde septiembre, Estados Unidos revocara visas a decenas de jueces, fiscales y policías bolivianos señalados por presunta corrupción judicial o posibles vínculos con el narcotráfico. Esta ofensiva también ha coincidido con la detención de un exfiscal general boliviano.
Jueces, fiscales y mandos policiales en la lista
Entre los demás ciudadanos bolivianos mencionados se encuentran el exfiscal Félix Balderas; Freddy Bismarck, excomandante policial de Tarija y exdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN); y Katherine Calderón, exdirectora general de Migración.
La relación también incluye a Óscar Ortiz, director del Servicio General de Identificación Personal; Fernando Velasco, exjefe de seguridad aeroportuaria de la FELCN en el Aeropuerto Internacional de Viru Viru; y Diego Alejandro Barboza, exdirector de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).
Asimismo, fueron mencionados los diputados Rafael López y Rolando Pacheco.
Las medidas forman parte de las acciones diplomáticas de Washington para presionar contra la corrupción y el narcotráfico en la región. La revocación de visas constituye una restricción de entrada a Estados Unidos y no equivale, por sí sola, a una condena penal por los señalamientos atribuidos a los afectados.
