Brasil vota en un tenso balotaje entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para elegir este domingo 25 de octubre al próximo presidente del país, en una segunda vuelta que enfrenta al mandatario Luiz Inácio Lula da Silva con el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro.

La contienda se desarrolla en un clima de fuerte polarización, marcado por acusaciones cruzadas de corrupción, propuestas económicas contrapuestas y diferencias sobre seguridad pública, políticas sociales y el papel del Estado.

La votación estaba prevista inicialmente de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, hora de Brasilia. Sin embargo, las autoridades electorales extendieron el horario hasta las 7:00 de la noche en medio de problemas de transporte público en varias ciudades del estado de Bahía. La publicación de resultados fue pausada mientras se aplicaba la medida. <Cite refs={[«turn941610news21″,»turn941610news22»]}/>

Flávio Bolsonaro aventajó a Lula en la primera vuelta

Los dos candidatos llegan al balotaje después de una primera ronda celebrada el 4 de octubre, en la que Flávio Bolsonaro obtuvo el 47.03 % de los votos válidos, frente al 45.16 % alcanzado por Lula da Silva, de acuerdo con los resultados del Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE). <Cite refs={[«turn941610search0″,»turn941610search1»]}/>

Lula, de 80 años y líder del Partido de los Trabajadores (PT), busca un cuarto mandato no consecutivo. Su candidatura pretende romper una tendencia histórica: desde el regreso de las elecciones presidenciales directas en 1989, ningún candidato que terminó segundo en la primera vuelta había conseguido la presidencia en el balotaje.

Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), centró su campaña en el endurecimiento de la política de seguridad, la lucha contra la corrupción y la promesa de cambios en la gestión gubernamental.

La abstención también representa un factor relevante. Un análisis citado por O Globo identificó a unos 48.1 millones de electores que no respaldaron a ninguno de los dos finalistas en la primera vuelta, equivalentes al 30.5 % del padrón. El grupo incluye votantes de candidatos minoritarios, personas que anularon o dejaron en blanco sus papeletas y ciudadanos que no acudieron a las urnas.

Minas Gerais y la abstención, factores decisivos

La participación electoral puede influir en el resultado de la segunda vuelta. En la primera ronda, la abstención nacional alcanzó el 21 %, aunque registró diferencias importantes entre municipios.

Según el análisis de la contienda, uno de cada tres electores ajenos a los bloques de Lula y Bolsonaro no acudió a votar, lo que reduce el universo de sufragios que ambos candidatos podrían captar.

El margen de crecimiento de Lula se considera más limitado en el Nordeste, región donde mantiene su principal bastión electoral y donde la participación fue elevada. En contraste, zonas del sur de Rio Grande do Sul y Mato Grosso do Sul, donde Bolsonaro obtuvo ventajas estrechas, registraron niveles de abstención más altos.

Otro territorio bajo atención es Minas Gerais, el segundo colegio electoral del país, con 16.3 millones de votantes. Desde el fin de la dictadura militar brasileña, entre 1964 y 1985, ningún presidente electo había llegado al Palacio de Planalto sin imponerse en ese estado. En la primera vuelta, Bolsonaro aventajó allí a Lula por cinco puntos.

La investigadora Laura Chelidonopoulos, doctoranda en Ciencia Política de la Universidad de Pittsburgh, relacionó el clima de desconfianza política con la participación electoral tras el caso Banco Master.

“La gente se desencanta con la política. Tiene menos motivación para elegir entre uno de estos dos bandos”, advirtió a la agencia Associated Press (AP).

El caso reavivó el recuerdo de la Operación Lava Jato, iniciada en 2014 y considerada una de las mayores investigaciones contra la corrupción y el lavado de dinero en Brasil. Tanto el juez Alexandre de Moraes, señalado por presuntos vínculos con un exdirector del banco quebrado, como Flávio Bolsonaro, mencionado por supuestos contactos con el antiguo responsable de la entidad, negaron irregularidades.

Flávio Bolsonaro promete endurecer la política de seguridad

El candidato del Partido Liberal prometió declarar la guerra al llamado “narcoterrorismo” desde enero si gana las elecciones.

Durante el primer debate entre los finalistas, cuestionó la política penitenciaria del Gobierno de Lula y afirmó que la falta de plazas carcelarias permite que delincuentes peligrosos regresen a las calles.

Su propuesta contempla condenas de hasta 80 años de prisión para los líderes de organizaciones criminales. Bolsonaro aseguró que los delincuentes “van a estar presos o a ser neutralizados”.

El senador también llevó sus cuestionamientos al terreno institucional y presentó ante el Tribunal Superior Electoral una denuncia para solicitar la inhabilitación de Lula por presuntas irregularidades relacionadas con plataformas digitales.

La acusación se fundamentó en una supuesta difusión masiva de acciones gubernamentales durante la campaña a través de una cuenta oficial de WhatsApp.

En otro mensaje electoral, Bolsonaro prometió que, de ganar los comicios del 25 de octubre, “daré un tijeretazo en la corrupción del Gobierno de Lula”. También vinculó al oficialismo brasileño con los gobiernos de Daniel Ortega, en Nicaragua, y Nicolás Maduro, en Venezuela.

Lula defiende los programas sociales y los derechos laborales

Lula presentó la elección como una “defensa de la democracia” y planteó la necesidad de impedir el regreso de la familia Bolsonaro al poder.

Su adversario es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por golpismo tras intentar impedir la asunción del actual mandatario después de las elecciones de 2022. El exmandatario cumple la pena bajo arresto domiciliario.

En respuesta a las promesas de cambio de su rival, Lula defendió la continuidad de las políticas sociales y declaró: “El cambio no es privar a la gente de sus derechos”.

Diez días antes de la segunda vuelta, el Congreso aprobó una reducción de la semana laboral de seis a cinco días y de 44 a 40 horas semanales, sin disminución salarial. Bolsonaro respaldó la norma durante la etapa final de la campaña, mientras representantes empresariales advirtieron que el aumento de los costos laborales podría afectar a pequeñas empresas, impulsar la inflación y ampliar el empleo informal.

El presidente también anunció un incremento del 15 % en el programa Bolsa Família, medida que entró en vigor durante la semana previa a las elecciones y beneficia a casi 50 millones de personas. El Gobierno calculó que el aumento requerirá 5,800 millones de reales, equivalentes a unos 1,168 millones de dólares, para el resto del año.

Créditos, combustibles y transporte público gratuito

Entre las propuestas económicas de Lula figuran créditos públicos a bajo interés, incentivos fiscales para pequeñas empresas y un programa de refinanciación destinado a eliminar registros de morosidad de millones de brasileños de bajos ingresos.

La administración estimó que el paquete de préstamos y renegociaciones tendrá un costo de 3,000 millones de reales, unos 604 millones de dólares, durante los próximos tres años.

Para aliviar el costo de vida, el Gobierno eliminó durante 30 días los impuestos federales a la importación y venta de gasolina, con posibilidad de prórroga, y estableció subsidios al diésel para importadores. El costo previsto de esas medidas asciende a 5,200 millones de reales, equivalentes a unos 1,047 millones de dólares.

Lula también envió al Congreso un proyecto para establecer transporte público gratuito durante los fines de semana. Las estimaciones citadas durante la campaña sitúan el costo de la iniciativa entre 5,000 millones y 16,000 millones de reales, dependiendo del modelo de aplicación, lo que equivale a más de 1,000 millones y hasta unos 3,222 millones de dólares.

El resultado del balotaje definirá el rumbo político y económico de Brasil para el próximo período presidencial, en una contienda en la que la participación electoral, la seguridad pública, la confianza en las instituciones y el futuro de los programas sociales ocupan un lugar central.