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Santo Domingo. El Tribunal Superior Electoral (TSE) se reservó el fallo sobre una acción de impugnación contra las Resoluciones Nos. 07-2025 y 08-2025 emitidas por la Junta Central Electoral (JCE), luego de conocer un proceso unificado bajo el número TSE-01-0004-2025, tras la fusión de cuatro expedientes presentados por distintos partidos políticos.
Las acciones fueron incoadas por el Partido País Posible, representado por su presidente Milton Teófilo Morrison Ramírez; Alianza País, representado por Guillermo Antonio Moreno García; y el Partido Dominicanos por el Cambio. Otras organizaciones políticas se han sumado al proceso, conforme a lo ordenado por el tribunal mediante emplazamiento de la JCE.
El pleno del TSE, presidido por el magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo e integrado por los jueces Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, Rosa Pérez de García, Fernando Fernández Cruz y Pedro Pablo Yermenos Forastieri, otorgó un plazo de 15 días hábiles para que las partes involucradas presenten sus escritos de fundamentación de conclusiones, plazo que vence el 22 de mayo. Una vez finalizado, el proceso pasará a la etapa de fallo reservado.
Durante la primera audiencia del proceso, el tribunal ordenó a la JCE emplazar a todas las organizaciones partidarias del país. Para la audiencia celebrada el 3 de abril, solo 18 de los 34 partidos convocados comparecieron, por lo que se dispuso una nueva citación para el 30 de abril.
En esta última audiencia, el TSE rechazó la solicitud de aplazamiento presentada por partidos que acudieron por primera vez, debido a que no respondieron a la primera convocatoria. Siete partidos no comparecieron pese a estar debidamente citados, entre ellos el Partido Demócrata Popular, Partido Socialista Cristino, Partido Humanista Dominicano, Partido Liberal Reformista, Partido Revolucionario Independiente, Frente Amplio y Camino Nuevo. El tribunal declaró el defecto contra estas organizaciones por falta de comparecencia.
El proceso continúa en etapa procesal con miras a definir la validez de las resoluciones impugnadas y establecer responsabilidades en función de la participación de los actores del sistema partidario nacional.
